Maestros chiapanecos detenidos el pasado viernes, durante las protestas contra la reforma educativa, comparecen hoy en audiencia judicial en Nayarit, acusados, entre otros delitos de terrorismo; “un delito inventado para frenar las protestas” y en medio de un proceso jurídico "indebido" y “viciado de origen”, denunciaron abogados dirigentes magisteriales.    

Mario Antonio Figueroa Zepeda, defensor de la Asamblea Estatal Democrática de la estatal Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que además de terrorismo, los 17 maestros federalizados, del estado y un intendente escolar, enfrentan cargos de ataques a las vías generales de comunicación, lesiones y daños en propiedad ajena.    

El abogado calificó de absurda y sin fundamento jurídico la acusación de terrorismo, derivada de “la manifestación pacífica”, donde docentes se enfrentaron a policías federales y estatales, y la atribuyó a un ardid político para acallar las protestas magisteriales.   

“Por lo menos si los hubieran visto colocando una bomba, matando personas, o que tuviéramos relación con Al Qaeda, ahí sí hay terrorismo, pero no hay fundamento”, argumentó.   

Precisó que legalmente en México “ eso (el terrorismo) es inventado; no hay terrorismo, lo tipifican jurídicamente  para frenar las manifestaciones”.  

En conferencia de prensa, Figueroa Zepeda acusó además  a la PGR y a las autoridades jurisdiccionales de incumplir con el debido proceso legal, que garantiza la comunicación  y el principio constitucional de la defensa legal.      

Sostuvo que  esos atropellos a la Constitución y el proceso legal se cometieron desde el arresto,  el cierre de los juzgados de distrito, cuando se acudió con  los amparos por desaparición forzada, y el traslado de los detenidos Nayarit.    

A pesar de esas anomalías, precisó el abogado, este lunes  los maestros comparecen en audiencia judicial, para que dentro de un plazo mayor de las 72 horas constitucionales, por tratarse del delito de terrorismo, se resuelva la situación jurídica de los imputados, mediante auto de libertad o sujeción  a proceso penal.     

Armando Falconi, vocero de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 acusó que para “evitar y entorpecer” la defensa de los detenidos el gobierno estatal ordenó el cierre de los juzgados de distrito, al igual que el inmediato traslado  la cárcel de seguridad de Tepic, Nayarit.   

Por esas ilegalidades y violaciones a derechos fundamentales, dijo, se presentaron quejas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Tribunal Colegiado.    

Las protestas contra la reforma educativa en Chiapas del pasado viernes, dejaron cinco autos quemados, la alcaldía de San Cristóbal de las Casas incendiada y 22 detenidos, cuatro de los cuales fueron liberados horas después.

cfe

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