Intercede CIDH por activista retenido en Honduras

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Honduras que permita que el activista Gustavo Castro Soto dejé ese país para que participe en las sesiones de trabajo de ese organismo internacional, que comenzarán el próximo 2 de abril en Washington, informó el abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz.

El defensor jurídico argumentó que dado que el ambientalista residente en Chiapas “es beneficiario de las medidas cautelares, la CIDH desea que participe en el encuentro y “cuente” cómo fue el atentado y su retención en Honduras.

Castro Soto se encuentra en calidad de testigo protegido en la embajada de México en Honduras en cumplimiento de una alerta migratoria de 30 días, que concluirá el 8 de abril, luego de un ataque, cinco días antes, en el cual asesinaron a la dirigente del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), Bertha Cáceres, en La Esperanza, departamento de Intibucá.

De los Santos Cruz señaló que la CIDH otorgó medidas cautelares a los familiares de Cáceres, a integrantes del Copinh, así como a Gustavo Castro;  en esa petición se  solicitó al “Estado de Honduras que durante el próximo período de sesiones, que iniciará  el 2 de abril, comparezca” para ampliar la información sobre el caso.

En la víspera del inicio del período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo pidió a Honduras que “agote las medidas necesarias para asegurar que Gustavo Castro participe en las reuniones”.

El abogado agregó que la petición se presentó también a la Fiscalía General y la Corte Constitucional de Honduras, que aún no resuelven dos recursos legales para el retorno de Castro a México, donde se pide que consideren la petición de la CIDH para que los beneficiarios de las medidas cautelares asistan a dichas sesiones.

Esta misma petición, precisó, fue planteada a la jueza del caso, Victorina Flores, la cual no aceptó con el  argumento  de que Gustavo Castro “no necesariamente tenía que participar en la reunión”.

Miguel Ángel de los Santos  descartó litigar con la jueza por su renuencia a respetar los derechos humanos del activista; “ es quien más trabas ha puesto”; sin embargo, confió en que la Fiscalía y la Corte cumplirán con la obligación de verificar que se respeten las prerrogativas del retenido.

Puntualizó  que si la petición se atendiera y se resolvieran los recursos con la urgencia del caso, Castro Soto saldría de Honduras, antes de los 30 días de la conclusión de la alerta migratoria, que vencerá el 8 de abril.

cfe