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Ocho elementos de la policía del ayuntamiento de Papantla, municipio gobernado por el PRD, fueron detenidos como responsables de la detención ilegal y desaparición de tres jóvenes ocurrida el 19 de marzo en esa región del norte del estado.

Ante la posibilidad de que los jóvenes hayan sido entregados al crimen organizado, es posible que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso.

La corporación policiaca de ese municipio fue desarmada y agentes de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del estado asumieron el control de la seguridad.

El edil perredista de Papantla, Marcos Romero Sánchez, admitió que de los 183 elementos adscritos a la policía municipal, 32 no pasaron el examen de confiabilidad. A pesar de esto siguieron trabajando de manera normal, debido a que se carecía de recursos económicos para liquidarlos.

“Si algún policía cometió un delito tendrá que pagarlo, no vamos a proteger a nadie”, afirmó Romero Sánchez, quien ha sido un férreo opositor al Mando Único.

La Fiscalía General del estado ejecutó las órdenes de aprehensión obsequiadas por el juez de control por el delito de “desaparición forzada” de personas, tipificado como grave cuando se trata de servidores públicos.

A pesar de las detenciones, la indagatoria no concluirá hasta lograr la localización de los jóvenes.

En conferencia de prensa, el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras informó que en el operativo de detención participaron elementos de Fuerza Civil y fuerzas federales integradas en el Grupo de Coordinación Veracruz.

Los policías municipales detenidos son: Higinio Bastián Santiago, Rufino Pérez Baltazar, José Luis Ramiro García, Benito Velázquez Jiménez, Reyes León de la Cruz, Mauro Olmedo, José Luis Santiago Ramos y el comisario Bernardino Olmedo Castillo.

Más tarde, fue detenido un octavo policía municipal vínculado al caso, pero aún se desconoce su identidad.

Bravo Contreras dijo que luego de la solidez mostrada en la integración de la Carpeta de Investigación, el Juez de Control obsequió las órdenes de aprehensión.

Según testimonios que constan en la indagatoria, los señalamientos directos son en contra de policías municipales que presuntamente subieron a tres jóvenes a las patrullas.

Hasta ahora los familiares de dos de las víctimas han interpuesto denuncia formal por la desaparición.

Tras solicitar informes a la policía municipal y que se identificó a los tripulantes de las unidades policiales del ayuntamiento, fueron requeridos los oficiales para declarar ante el fiscal, mismos que se acogieron al artículo 20 constitucional negándose a aportar su testimonio.

Se determinó la participación de los oficiales con las pruebas recabadas en la investigación, como prácticas periciales a las patrullas, al vehículo que era tripulado por los jóvenes y que cuenta con reporte de robo con violencia, así como criminalística de campo, entrevistas y testimonios aportados por testigos oculares.

Entre los detenidos se encuentran los tripulantes de la patrulla 084, señalados tanto por familiares como por testigos como los policías que intervinieron a los jóvenes.

Por otra parte, el PRD informó que analizará el caso del alcalde Marcos Romero Sánchez.

El presidente del Consejo Nacional de ese partido, Ángel Ávila, dio a concer que la dirigencia pedirá información antes de fijar su postura definitiva, pero de entrada debe investigarse para conocer si hay responsabilidad o no del funcionario.

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