El gobierno de Chiapas aceptó la recomendación 4/2016 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e instruyó su cumplimiento de acuerdo con los requerimientos solicitados por el organismo nacional.

En un comunicado, se confirma que el gobernador Manuel Velasco Coello ordenó que se aceptara la recomendación, según el término establecido de 15 días y que se iniciaran las acciones de cumplimiento por parte de las autoridades involucradas.

Aseguró que el gobierno estatal atenderá “las recomendaciones” de la CNDH que consisten principalmente en “instruir” a las autoridades del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa de Figuera, sobre la aplicación de medidas que garanticen la integridad personal de quienes se encuentran bajo su custodia.

Además que colaborará en el procedimiento administrativo contra los funcionarios públicos que incurrieron en faltas que derivaron en la recomendación de la CNDH.

Aunque aseguró que en Chiapas se tiene un programa permanente de capacitación en la materia para que los funcionaros públicos se sujeten al cumplimiento de los derechos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales al respecto.

La CNDH emitió una recomendación al gobernador chiapaneco por la falta de cuidado, deficiencia en seguridad, vigilancia y control de las autoridades del centro penitenciario “El Amate”.

El organismo nacional confirmó que la autoridad penitenciaria incumplió, entre otros, lo establecido en el artículo 9 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas, el cual señala que “las autoridades competentes velarán para que los establecimientos sean dotados de los recursos materiales y humanos necesarios para asegurar el desarrollo y cumplimiento de sus fines, así como la salvaguarda de los derechos humanos de los internos”.

La muerte de un interno de origen tzotzil motivó el inicio de una investigación de la CNDH que confirmó la falta de condiciones adecuadas para una estancia digna y segura, así como la ausencia de clasificación penitenciaria, de seguridad y vigilancia en los dormitorios; además del autogobierno, lo que colocó al interno fallecido en estado de vulnerabilidad.

Por ello recomendó, entre otras medidas, que se instruya a la autoridad penitenciaria de medidas que garanticen el derecho a la integridad personal de los reos, aumentar el personal de seguridad y vigilancia en los módulos de ese centro, a fin de erradicar el autogobierno para evitar que internos ejerzan funciones de mando que le competen sólo al personal de custodia.

msl

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