Para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Profepa intenta encubrir las presuntas irregularidades en que incurrió el Fonatur al tramitar autorizaciones para el Malecón Tajamar y del desmonte hecho el 16 y 17 de enero pasado.
“Se está tratando de proteger a Fonatur como institución cuando actuó como lo hacen los desarrolladores: obtienen permisos con información falsa, incumplen autorizaciones y además actúan en la oscuridad como hacen los delincuentes”, consideró Alejandra Serrano, coordinadora regional del Cemda en el sureste mexicano.
Para la abogada ambiental, la prisa del Fonatur por desmontar los terrenos obedeció a eliminar los manglares para que los desarrolladores a los que les vendió lotes con usos de suelo habitacional, comercial y mixto, pudieran tramitar sus autorizaciones de impacto ambiental, sorteando la aplicación del artículo 60 TER, contenido en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), el cual prohíbe obras que alteren el flujo hidrológico del humedal.
En entrevista, explicó que Fonatur es el que posee autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para las 58.76 hectáreas desarrollables, el cual vence en febrero, de ahí la urgencia de retirar los manglares.
Luego de conocer las conclusiones que ofreció el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, acerca del análisis de gabinete y las visitas de campo hechas al polígono de 78.4 hectáreas, la abogada indicó que Fonatur no sólo incumplió con la ejecución completa del rescate de fauna silvestre.
Otra violación, cometida la madrugada del 16 de enero pasado, fue el no respetar los porcentajes de desmonte diferenciado establecidos en la autorización de impacto ambiental que expidió la Semarnat en julio de 2005.
En su opinión, la postura de la Profepa obedece a cubrir sus propias omisiones, pues se presentaron 10 días después a recorrer el polígono, cuando las condiciones de éste eran diferentes.
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