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El gobernador Graco Ramírez aseguró que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se reconozca el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo producto de una violación.
El mandatario reaccionó así luego de que el Congreso de Morelos rechazó, por mayoría, la iniciativa que proponía adicionar un párrafo al artículo 115 del Código Penal, para permitir que los médicos practiquen el aborto en caso de violación.
El Congreso informó que la Comisión de Equidad de Género consideró que el párrafo propuesto “permitiría que los médicos practiquen el aborto bajo cualquier circunstancia y que deje de ser punible”.
En un boletín de prensa, el Legislativo citó que “con la modificación se pretende que el aborto sea justificado y por lo tanto no punible para los médicos por presunta violación, y al mismo tiempo significaría un atentado constitucional por cuanto, se refiere a ‘la protección jurídica de la vida, desde el momento de la concepción’”.
Con ese antecedente el gobernador expuso que “si el Congreso del estado insiste en su decisión de no reconocer el derecho de mujeres violadas a suspender el embarazo, esto significa condenar a las mujeres a seguir lo que es inaceptable para ellas, un embarazo no deseado”.
Graco Ramírez afirmó que no está interpretando la ley, sino sólo recogiendo las recomendaciones para la alerta de género.
“No estamos haciendo ninguna manifestación ideológica, estamos reconociendo las recomendaciones que se nos dan para erradicar la violencia de género, y por eso vamos a ir a la Corte para solicitar se ordene al Congreso del estado el legislar y aceptar la reforma correspondiente al Código Penal del estado y poder establecer ese derecho”, mencionó.
En la primera sesión de la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género, el gobernador consideró necesario legislar en materia de la violencia obstétrica y propuso construir, desde el Congreso, Ejecutivo y los ocho municipios observados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Convim) una política congruente para la emergencia.
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