La presidenta Claudia Sheinbaum empezó a mover las piezas en su equipo con una lógica generacional. Se observa una apuesta deliberada por una camada de funcionarios cuyo promedio de edad es de 40 años y que hoy ocupa posiciones relevantes en la relación con Estados Unidos y en áreas estratégicas del gobierno.
Dos casos recientes. Roberto Velasco, de 38 años, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Roberto Lazzeri, de 42, quien se perfila como embajador de México en Washington. A ellos se suman Héctor Alonso Romero Gutiérrez, cercano a los 34, en la Agencia Nacional de Aduanas, y Luisa María Alcalde, de 38, como pieza clave en el frente jurídico del gobierno.
Mientras el gabinete inicial de Andrés Manuel López Obrador rondaba los 60 años en promedio, el de Sheinbaum se ubica cerca de los 46.
El caso de Roberto Lazzeri es particularmente relevante por el momento en que llega. No solo por su eventual arribo a la embajada en Estados Unidos, sino por el papel que ya jugó desde Hacienda en uno de los episodios más delicados de la relación financiera bilateral reciente. En medio de las presiones del FinCEN y el riesgo de que instituciones mexicanas fueran señaladas por presuntas fallas en controles antilavado, Lazzeri fue uno de los operadores clave para desescalar el conflicto.
Desde el equipo hacendario participó en la interlocución técnica con el Tesoro estadounidense y con agencias financieras para contener el impacto sobre el sistema bancario mexicano. El objetivo era evitar un escalamiento que derivara en sanciones, restricciones o en una narrativa de riesgo sistémico para México. La apuesta fue por la contención y la cooperación discreta. Funcionó en lo inmediato, pero dejó claro el nivel de vulnerabilidad frente a decisiones regulatorias de Estados Unidos.
Ese antecedente explica por qué su nombre aparece hoy como la opción para representar a México en Estados Unidos. No es solo un perfil técnico; es alguien que ya operó en momentos de presión real y que conoce los circuitos donde se toman decisiones financieras en ese país. También exhibe el desgaste de la actual representación diplomática, cuya presencia en los espacios de influencia en Washington ha sido, por decir lo menos, limitada.
Del lado político, la designación de Roberto Velasco abre un frente distinto. Su carrera ha sido rápida y su formación se dio al lado de Marcelo Ebrard. De vocero pasó a consejero, luego a subsecretario para América del Norte y ahora a canciller. Tiene discurso, capacidad de articulación y conocimiento del aparato gubernamental. Lo que está por probarse es su capacidad de interlocución al más alto nivel en Estados Unidos.
La apuesta de Sheinbaum parecen ser perfiles jóvenes con formación técnica y margen de crecimiento político. No es un fenómeno aislado. En Aduanas, la llegada de Héctor Alonso Romero Gutiérrez, apunta en la misma dirección. Se trata de un área históricamente capturada por intereses económicos y políticos donde ahora se coloca a un perfil con experiencia financiera y organismos internacionales.
En el frente jurídico, Luisa María Alcalde, refuerza esa lógica generacional. Su cercanía con el movimiento y su paso por la Secretaría de Gobernación la colocan como una operadora política con conocimiento del aparato estatal, pero también como parte de esta nueva camada que empieza a concentrar poder.
Menos edad implica menor experiencia acumulada, pero también mayor disposición a tomar riesgos y a operar bajo nuevas lógicas. El problema es que los espacios que hoy ocupan no dan margen para errores prolongados.
La relación con Estados Unidos atraviesa un momento complejo. Las presiones no solo son comerciales; vienen de agencias de seguridad, de reguladores financieros y de actores políticos que ven a México como un punto crítico en temas de migración, narcotráfico y lavado de dinero. En ese entorno, la capacidad de interlocución y de operación fina es determinante.
Ahí se medirán los resultados de esta apuesta generacional. Los “Robertos”, junto con otros perfiles de su generación, tendrán que demostrar eficiencia y funcionalidad. Que pueden sostener una relación bilateral cada vez más exigente y, al mismo tiempo, defender los intereses de México en un terreno donde las decisiones no siempre pasan por canales formales.
Posdata 1
En un fuerte mensaje en contra de la discriminación corporativa, la Fiscalía de la Ciudad de México presentó formal acusación en contra del banco UBS por el delito de discriminación cometido en contra de Leonardo Poblete Galván, pidiendo una multa equivalente a 3 mil 560 días de percepciones netas del banco, es decir, una cantidad superior a los 4 mil 188 millones de pesos. Así, un caso de discriminación terminó convirtiéndose en un huracán corporativo.
Esta acusación de la Fiscalía ocurre después que en un amparo promovido por Poblete, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resolviera las bases de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Ciudad de México, y que en cumplimiento de dicha sentencia de amparo, fuera vinculada a proceso la empresa UBS Servicios por la séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México derivado de un despido discriminatorio, trato desigual y de vejaciones en contra de la Comunidad LGBTTI.
Posdata 2
Y en medio del ruido por la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, la renuncia de César Jáuregui a la Fiscalía estatal terminó por confirmar el nivel de la crisis. El operativo en el que habrían participado elementos vinculados a la CIA desató un choque político y diplomático que escaló a Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum acotó la gravedad del asunto al plantear que solo hay dos rutas posibles sobre la responsabilidad: la fiscalía o el gobierno estatal.
El fondo del problema es la opacidad con la que se habría permitido la operación de agencias extranjeras en territorio mexicano y bajo qué condiciones se autorizó o toleró el operativo. En el gabinete de seguridad hay molestia porque el caso exhibe fisuras en los protocolos y revive el debate sobre los límites de la cooperación con Estados Unidos.
En el plano político, el tema se enfocó en la gobernadora Maru Campos. Encima de la presión para que explique lo ocurrido, está su probable comparecencia en el Senado para dar su versión de los hechos, en medio de advertencias de legisladores sobre posibles responsabilidades legales e incluso la ruta de un eventual juicio político. El citatorio aprobado por mayoría busca esclarecer si hubo autorización federal, bajo qué mando operaron los agentes y si se violó la Ley de Seguridad Nacional.
Posdata 3
Este próximo domingo Morena celebrará su Congreso Nacional Extraordinario con una ruta prácticamente definida. La convocatoria confirma la renovación de la dirigencia y de la Secretaría de Finanzas, aunque realmente se trata de un reacomodo interno del equipo de Claudia Sheinbaum.
La novedad quizá será la ratificación de Andrés Manuel López Beltrán como secretario de Organización, desde donde asumirá la operación electoral inmediata: Durango. El estado no es terreno sencillo para Morena. El gobernador priista Esteban Villegas ha buscado alinearse públicamente con la presidenta desde septiembre de 2025, cuando se declaró “claudista”, pero eso no se ha traducido en condiciones favorables para el partido oficial, que enfrenta estructuras locales débiles.
En la dirigencia no se prevén sorpresas. Todo indica que Ariadna Montiel sustituirá a Luisa María Alcalde, y Alfonso Durazo seguirá al frente del Consejo Nacional.
La incógnita es el horizonte de López Beltrán. Su permanencia podría limitarse al proceso de junio o proyectarse hacia una posición más amplia rumbo a 2027. En Morena no hay una definición cerrada. Hay quienes lo ven regresando a Tabasco para hacer trabajo territorial y otros que anticipan que buscará consolidar control sobre la estructura nacional.
@MarioMal