En todas las encuestas de opinión pública que se divulgan en México, el combate a la corrupción es algo que sale muy mal calificado, en el sentido que se hace poco o nada para enfrentarla. En encuesta publicada en abril de El Financiero, 79% de los encuestados refirió que en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum perciben que el combate a la corrupción es ‘Malo/Muy Malo’. En todas las encuestas aparecen los mismos indicadores ante evidencias periodísticas y percepción pública de que la corrupción está rampante en el país.
En este contexto, las amenazas de ir tras “corruptos” —muchos de ellos vinculados al partido en el gobierno— vienen del extranjero: el gobierno de Argentina tiene y rechaza a entregar al presunto líder de un gran entramado de huachicol fiscal (valuado en 600 mil millones de pesos), el contralmirante Fernando Farías, sobrino del exsecretario de Marina; la semana pasada, en Sinaloa, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, da un duro discurso respecto a la falta de certeza en México y su corrupción, mensaje dirigido al gobierno federal, y, antier, el periódico Los Angeles Times revela que el gobierno estadounidense va en busca de corruptos, en todos los niveles de gobierno, ligados al partido Morena.
En este contexto, la semana pasada se aprobó en el Congreso de la Unión una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que permite que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reciba denuncias e investigue actos de corrupción que involucren recursos federales. Así, la ASF deja de ser una entidad de trabajo burocrático para ponerse a combatir la corrupción vía denuncias públicas de ciudadanos.
No es menor que la ley que le dio estas facultades haya sido aprobada por unanimidad de diputados y senadores. Eso demuestra el buen oficio político del nuevo auditor, Aureliano Hernández Palacios, cuyo nombramiento, por cierto, también fue unánime. Un nuevo auditor federal, quien, por cierto, viene de ser director general de la misma institución, por lo cual no tendrá curva de aprendizaje.
Así, ahora tres dependencias federales van a combatir la corrupción: la Fiscalía General de la República, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y la (nueva) ASF. Pero que TODOS los partidos hayan aprobado el nombramiento de Hernández Palacios y que le dieran más y nuevas facultades hablan de las expectativas que hay sobre él, frente a los pobres resultados de otras dependencias.
Las nuevas facultades de la ASF, que en los hechos desaparecen al Sistema Nacional Anticorrupción (que quedó en letra muerta), ayudarán a revisar la cuenta pública (el dinero) de las entidades federativas y a recibir denuncias de ciudadanos. Es un cambio mayor en la forma en que, desde hace décadas, se ha combatido la corrupción en México. Con estas nuevas facultades —y tanto riesgo de que desde el exterior se evidencie que en México no se hace nada contra la corrupción— es que, desde Sheinbaum hasta los liderazgos políticos, están apostando por la ASF para combatir la corrupción. Si da buenos resultados pronto, la narrativa de la corrupción en el país podría cambiar. De lo contrario, desde el extranjero se “destapará” todo tipo de ilegalidades y corruptelas, lo que será un tremendo golpe para un régimen que presume ser honesto e incorruptible. Claro, desde el extranjero hay otras agendas, no sólo la anticorrupción. Se busca un cambio de régimen.
CAMBIANDO DE TEMA: Vaya embrollo, lo que ha acontecido en Chihuahua con la CIA. Todos salen mal librados, incluido el gobierno federal, que ha hecho declaraciones zigzagueantes. Luego de ellas, es improbable que los morenistas quieran que la gobernadora chihuahuense acuda a la “invitación” al Senado que recibió para hoy.
X: @JTejado