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En los 44 días que lleva la administración de Héctor Astudillo Flores han ocurrido al menos 218 homicidios en el estado.
El estruendo de las balas ha resonado en la mayor parte del territorio que acoge a casi 4 millones de habitantes, pero Acapulco encabeza la lista: 95 asesinatos desde el 27 de octubre a la fecha, aun con la presencia de la Policía Federal, división Gendarmería, Ejército, Marina y Fuerza Estatal en operativos constantes.
En los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la dependencia contabiliza en el puerto más de 800 homicidios en lo que va de 2015; la mayoría de los asesinatos han ocurrido en colonias de la periferia porteña y en la zona rural. Taxistas, amas de casa, estudiantes, mujeres, policías y menores de edad engrosan el listado, pero los funcionarios y trabajadores de gobierno no quedan fuera.
El lunes 7 de diciembre la muerte sorprendió al director de Recursos Humanos del gobierno de Acapulco, Luis Andrés Lara García, y su chofer, Raúl Parra Herrera. Ambos fueron asesinados a balazos a sólo 300 metros del ayuntamiento.
El 16 de noviembre fue ejecutado el ex director de Gobernación municipal, Felipe Loyo Malabar. Dos días después, el abogado de la Asamblea Municipal de Policías de Acapulco, al salir de su casa.
El jurista defendió hasta el día de su muerte a policías municipales que realizaron un movimiento desde 2014 para no ser despedidos, corporación que el ex gobernador del estado Rogelio Ortega culpó del repunte de la violencia en Acapulco durante este año.
El 27 de octubre, tras la toma de protesta de Astudillo Flores como gobernador, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció el reforzamiento de la Estrategia de Seguridad en la entidad.
Llegaron al estado en una primera etapa mil 500 efectivos de la Policía Federal, también se habilitó una unidad antisecuestros y se dijo que habría coordinación estrecha entre corporaciones. Pero el problema no ha disminuido; incluso, en la zona conurbada al menos 100 escuelas adelantaron su periodo vacacional por el acoso de la delincuencia organizada.
Desde taxis quemados, hasta autobuses urbanos han sido calcinados a plena luz del día y ante el asombro de decenas, por hombres armados.
Tierra Caliente, esta región compuesta por nueve de los 81 que tiene Guerrero, de acuerdo con conteos periodísticos basados en reportes de la SSP han ocurrido 30 homicidios. Los municipios más violentos en ese orden son: San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán y Pungarabato (Ciudad Altamirano).
Apenas el 3 de diciembre dos taxistas fueron decapitados en Ajuchitlán del Progreso y un joven de 16 años fue asesinado de balazos en la cabeza en Pungarabato, dos días después, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, relanzó por cuarta vez en tres años un operativo que consiste, fundamentalmente, en la presencia de fuerzas federales. Para llegar a la Tierra Caliente desde Chilpancingo se pasa por 10 retenes del Ejército.
Chilpancingo también ha pasado días de zozobra. En noviembre la SSP municipal registró 19 homicidios, mientras que en lo que va de diciembre han ocurrido nueve, cuatro de éstos, choferes de combis; varios sucesos han ocurrido de día y en calles céntricas de la ciudad.
El general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la Novena Región Militar, coordina la estrategia, que aun existiendo no ha evitado 24 muertos en la región Norte y 14 en Iguala, donde el 26 de septiembre de 2014 policías municipales apoyados por narcotraficantes mataron a seis y desaparecieron a 43 normalistas.
Otros municipios donde la violencia ha enlutado a familias son Chilapa, donde han ocurrido 14 homicidios.
Los guerrerenses han escuchado historias de desaparecidos, de despojo de recursos naturales, pero sobre todo de muerte, una de estas regiones es la Sierra, donde está la comunidad minera de Carrizalillo y Heliodoro Castillo, Tlacotepec. Aquí por la disputa de cárteles han sido asesinados 11.
En la Costa Chica y la Montaña la incidencia delictiva es menor, según reportes a los que no se agregan los “muertos que el Ministerio Público no cuenta”, según denuncias de la población.
