La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), atrajo la investigación del caso del joven Oliver Wenceslao Navarrete Hernández y de decenas de cuerpos más localizados en fosas en Tetelcingo, Morelos, y solicitó medidas cautelares a las autoridades morelenses.

El caso de la fosa y los cadáveres se conoció tras la denuncia de una madre que acusó a la Fiscalía estatal de sepultar en marzo de 2014 el cuerpo de su hijo secuestrado y asesinado en 2013.

La mujer explicó que desde ese año identificaron el cadáver de su hijo Wenceslao, pero las autoridades se negaron a entregar el cuerpo con el argumento de investigar a los responsables. Permaneció casi un año en el Servicio Médico Forense, hasta que un día lo inhumaron junto con más de un centenar de cuerpos depositados en una fosa de Tetelcingo.

En un comunicado, la CNDH informó que debido a ello, el titular del organismo, Raúl González Pérez, se reunió con familiares de Oliver, con representantes de familiares de víctimas de desaparición, con el padre Alejandro Solalinde, el poeta Javier Sicilia y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera.

En esa reunión se propuso instalar una mesa de diálogo para revisar el tema, en la cual participarían también la PGR, la UAEM y la Secretaría de Gobernación (Segob).

De igual manera, el ombudsman nacional instruyó a personal de la CNDH, encabezada por el Segundo Visitador General, Enrique Guadarrama López, para que se trasladara de inmediato al lugar de los hechos.

“En sendos oficios dirigidos al Secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, y al Fiscal General, Javier Pérez Durón, la CNDH pidió se otorguen medidas cautelares que permitan garantizar la vida e integridad física de las señoras María Concepción Hernández Fernández y Amalia Alejandra Hernández Fernández, madre y tía de Oliver.

“Asimismo, que se otorguen medidas cautelares para garantizar la preservación del lugar de los hechos, así como mantener el registro que contenga la identificación de personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes están autorizados para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios de lo sucedido”, indicó.

González Pérez manifestó que la CNDH actuará con celeridad. “De inmediato nos organizamos para responder a la demanda. Me llevo el panorama que me han presentado. Nuestro compromiso es acompañar a la familia y a las demás familias de las víctimas para resolver este problema”.

La familia de Oliver expuso el caso de su hijo, quien, a pesar de estar plenamente identificado, fue inhumado de manera ilegal en una fosa clandestina ubicada en Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos, el 28 de marzo de 2014.

El organismo recordó que María Concepción y Amalia Hernández pidieron a la CNDH y la PGR que atraigan el caso, por una parte, para hacer justicia a su hijo, pero también –dijeron-- por las 149 familias de los cuerpos restantes que siguen bajo tierra” en esas dos fosas clandestinas.

“La familia afirmó que, a pesar de que ellas recuperaron el cuerpo de Oliver, ahora la lucha es para deslindar responsabilidades por las irregularidades cometidas en el caso de hijo, pero sobre todo, para procurar justicia para las 149 familias y víctimas que todavía, presumiblemente, se encuentran en las fosas ubicadas en el predio El Maguey, del ejido de Tetelcingo, Morelos”.

spb/ml

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