Solicita Fiscalía desafuero de diputado de Veracruz

La Fiscalía General del Estado solicitó el desafuero del diputado local independiente, Renato Tronco Alarcón, acusado de homicidio

Estados 06/10/2015 22:37 Edgar Ávila / Corresponsal Veracruz Actualizada 22:50

La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó de manera oficial el desafuero del diputado local "independiente", Renato Tronco Alarcón como presunto responsable del delito de homicidio en contra del ex regidor del municipio de Las Choapas, Alfredo Pérez Juárez

El titular de dicha fiscalía, Luis Ángel Bravo Contreras, presentó ante el Congreso del Estado la solicitud de Declaratoria de Procedencia (desafuero) contra el legislador por el distrito rural de Coatzacoalcos.

Tronco Alarcón ha militado en el PRI, PAN y PVEM y siendo diputado local anunció que se volvía independiente y anunció su intención de ser candidato "independiente" a la mini gubernatura que estará en disputa el año entrante.

Entre muchas de sus ocurrencias se encuentra el haber llegado a tomar protesta como diputado montado en uno de sus caballos, despachado en una camioneta Mercedes Benz de más de dos millones de pesos y buscar un doble para que atendiera a la población.

La decisión de solicitar el desafuero, explicó la Fiscalía es producto del recurso de inconformidad promovido ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, por Orfelina Galindo, viuda del ex regidor en su carácter de agraviada, por lo que los magistrados ordenaron por unanimidad revocar el sobreseimiento que había sido dictado en la Causa Penal correspondiente.

El homicidio, delito que por su gravedad no prescribe, al cual es vinculado Tronco Gómez, tuvo lugar el  05 de junio de 2006, cuando el finado, que se desempeñaba como edil en la comuna que presidió el hoy diputado local, retornaba a su domicilio, según hechos que constan en la Causa Penal 264/006.

En su momento, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) detuvo a los autores  materiales del delito, a quienes les fue dictada una sentencia de 22 años de prisión.
 Al respecto, el fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, explicó que la Declaratoria de Procedencia se impone cuando se presume y fundamenta que un funcionario que goza del beneficio del fuero constitucional ha cometido un delito, y con este procedimiento se elimina la restricción procesal que impide que sea juzgado y se le puede someter al escrutinio de la justicia como a cualquier ciudadano.

“Es una decisión que tomarán ahora los integrantes de la LXIII Legislatura local, a quienes se han entregado los fundamentos legales que motivan esta solicitud y como lo hemos acotado en varias ocasiones, se someterá a la acción de la justicia a todo aquel que trasgreda la ley, sin distingos de ninguna clase”, concluyó.

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