Hermosillo.— Los padres sustitutos de los menores que fueron quitados a madres vulnerables por funcionarios del DIF Sonora fueron engañados, pues les hicieron creer que dando dinero la adopción sería legal y más rápida, comentó el abogado Blake Urrutia García.

El representante legal de tres parejas que están involucradas en la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia en Sonora por la compra-venta de niños, cuyos menores se encuentran en custodia de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF Sonora, dijo que los padres no deben de ser criminalizados, pues han mostrado cooperación y quieren lo mejor para los infantes.

Urrutia dijo que las tres parejas fueron a cursos del DIF para adoptar a un menor, luego los contactaron para ofrecerles una vía más rápida a trevés del pago de dinero. Posteriormente, les entregaron al menor y a los 30 días les daban el aviso de nacimiento, “y a esas alturas ya estaban involucrados en todos los sentidos, al grado que no podían regresar al bebé”.

Señaló que los padres sustitutos aceptaron registrarlos como propios, con total desconocimiento de la forma en que esos niños fueron quitados a sus madres.

Además, indicó que los padres sustitutos recibían de la misma Procuraduría de la Defensa del Menor llamadas para preguntar cómo iba evolucionando la vida familiar.

Calificó de penoso lo que está ocurriendo también a los padres sustitutos y está de acuerdo en que se localice a las madres biológicas, “lo cual puede suceder tanto en meses como en años, por lo cual los niños deben permanecer en el hogar en el que se encuentran”, dijo.

Acusó que la criminalización de los padres llega al grado en que se realizan cateos y se los llevan tanto a padres como a menores.

“Los separan, los padres se van detenidos y los menores al albergue Unacari, entonces el sufrimiento de ambas partes sería indescriptible”, expresó Blake Urrutia.

Propuso conformar un acuerdo tripartito entre la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF Sonora, la Procuraduría General de Justicia del Estado y los padres, para sentar acuerdos para que prevalezca el interés superior de los niños.

“Los padres están de acuerdo en que esta situación se esclarezca, lo único que quieren es amar y proteger a esos menores, dándoles un hogar y todo lo necesario para su desarrollo, sobre todo porque algunos presentaban problemas de alimentación y de salud”, dijo.

Agregó que hasta este momento ninguna madre ha reclamado a alguno de los niños. “Es duro que después de haber estado en el entorno de una red familiar, con hermanos, tíos, primos y abuelos, ahora tengan que regresar al albergue”, dijo.

El abogado comentó que está claro que puede existir un delito por parte de los padres sustitutos, pero se determinará en los juzgados; por lo pronto, busca que las familias regresen completas a su hogar.

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