La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la aplicación de medidas cautelares en favor de las niñas, niños y jóvenes rescatados de campos agrícolas en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
Ello, argumentó, ante el riesgo que enfrentan debido a su edad, género, pertenencia a grupos sociales, así como la posible afectación a sus derechos a la integridad física, daños sicológicos y al sano desarrollo de la personalidad, que de consumarse, constituirían una situación irreparable.
La implementación de medidas cautelares fue dirigida al secretario de Gobierno del estado, Víctor Zamora; al procurador de Justicia, Homero Ramos, y a la procuradora de Niños, Niñas y Familia, Yeska Garza.
El organismo nacional conoció de los hechos por notas periodísticas publicadas el 19 y 20 de agosto, y del conjunto de factores y circunstancias valoradas en la integración del caso, la CNDH, analiza la situación de vulnerabilidad a los derechos de niñas, niños y adolescentes rescatados.
Entre las medidas cautelares destacan garantizar la integridad personal, la seguridad jurídica, el interés superior del niño, garantizar asistencia médica, psicológica, jurídica y protección en su calidad de víctimas del delito.
Al menos 54 menores de edad y 14 adultos que eran explotados en la pisca y el empaque de calabazas y cebollines en el ejido El Higo recibieron una liquidación por parte de la empresa acusada de trabajar fuera de la ley.
Cada pequeño recibió de 11 mil a 18 mil pesos, dependiendo del tiempo laborado en los predios agrícolas El Pedregal y Santa Cruz, donde el miércoles y jueves, autoridades de Coahuila rescataron a 307 personas, entre ellos 78 menores originarios de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas.
El viernes, en otro operativo, las autoridades rescataron a cinco menores de 15 años más, quienes laboraban en un rancho de Francisco I. Madero.
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