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A los episodios de violencia que se registran casi de manera cotidiana en Guerrero, en la semana que concluye se agregaron nuevas situaciones que sólo delatan que la espiral de inseguridad avanza sin freno.
El martes pasado un grupo de delincuentes ingresó a una telesecundaria ubicada en la periferia del puerto de Acapulco con el único objetivo de robar las cabelleras de alumnas y maestras. Llegaron minutos después de iniciadas las clases para entrar a salones y cortarle el pelo a 20 estudiantes y a dos profesoras. En respuesta, 200 escuelas del estado adelantaron el periodo vacacional ante la escasa seguridad para el alumnado y docentes.
El viernes Coca Cola anunció que cierra de manera indefinida sus instalaciones en Ciudad Altamirano por intentos de extorsión y por la violencia de la que ha sido blanco. La embotelladora de refrescos ya había suspendido provisionalmente sus operaciones a principios de año y se disponía a reiniciarlas la semana pasada cuando trabajadores de la empresa fueron atacados de nueva cuenta por un grupo delictivo.
Además, como consecuencia de la falta de Estado de derecho en amplias zonas de la entidad, miles de personas han tenido que salir de sus comunidades abandonando pertenencias y viviendas para tratar de iniciar una nueva etapa, más segura, en otras regiones de la misma entidad.
En información que publica hoy EL UNIVERSAL, el Inegi estima que en Guerrero al menos 12 mil 590 personas han sido desplazadas por la inseguridad. Algunas reciben la ayuda de familiares, otras han aceptado el apoyo gubernamental, pero en lo que coinciden es en la imposibilidad de volver a sus lugares de origen.
¿Qué mas hechos se necesita que ocurran para que exista un trabajo permanente de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales? El combate a la inseguridad requiere de reuniones diarias de evaluación que incluya a comunidades como parte de la solución, así como reportes públicos de las estrategias puestas en marcha y de los avances alcanzados.
La opinión publica ha atestiguado los frecuentes despliegues de operativos federales y estatales para contener olas de violencia, usualmente acompañados de amplia difusión, pero al cabo de unos días o semanas no se sabe más de las acciones.
Recuperar la seguridad de un estado tendría que ser el objetivo principal de todo gobierno. Por la sucesión de hechos que se presentan en el estado, pareciera que no es prioridad. Guerrero necesita el apoyo de todos, principalmente del gobierno federal.
