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En México, como en buena parte de las democracias occidentales, hay desencanto con la clase política… y existen motivos para tal sentir. En varias naciones la sociedad en general es simple testigo de cómo aquellos que llegan a cargos de elección popular resultan “tocados” por la fortuna y junto con sus familiares se convierten en acaudaladas personas.
Ante esa situación, el papel de los medios es dar a conocer los hechos y corresponde a los señalados transparentar su patrimonio, sin descalificar al mensajero. La prosperidad no es criticada, simplemente documentada.
Por desempeñar su función, la prensa mexicana en general ha sido blanco de ataques y amenazas. Datos oficiales registran que la fuente de los amagos proviene principalmente de dos grupos —que no quieren ser mencionados, mucho menos alcanzados con el menor roce de una crítica: bandas criminales y funcionarios públicos. Los primeros actúan de manera directa y a menudo mortífera. Los segundos utilizan amagos y amenazas, y de un tiempo para acá recurren al discurso del complot y campañas orquestadas —según ellos— “con oscuros intereses”, pero sin responder con transparencia a los señalamientos.
EL UNIVERSAL ha documentado cómo políticos mexicanos reaccionan de manera airada ante la menor crítica de la prensa. Las frases “prensa inmunda”, “ponerles un alto”, “escriben basura”, “calumnia, insulto, mentira”, “¡pórtense bien!” se acercan más a pensamientos antidemocráticos que a posiciones en defensa de la libertad.
El país, en especial sus gobernantes y funcionarios, no debe olvidar que toda sociedad democrática está fundamentada en la transparencia de las actividades gubernamentales y en la actitud recta del funcionario a su paso por la administración pública, así como en la libertad de expresión, esencial para construir sociedades informadas y participativas.
En esta cruzada por la acción gubernamental transparente y alejada de malas prácticas, la sociedad civil ha jugado un papel clave. Su papel ha sido el de cuestionar y pedir el cumplimiento estricto de las leyes que buscan terminar con cualquier indicio de corrupción, además de exigir que las instituciones encargadas de hacerlas cumplir no sean maniatadas por grupos de interés o políticos.
