Un desastre administrativo

Editorial EL UNIVERSAL

Toda mala gestión tiene consecuencias. Luego del desastre administrativo que dejó la administración previa, el Consejo de la Judicatura se encuentra ahora bajo presiones financieras, con poco margen para enfrentarlas

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Revisar la manera en que se ejercieron recursos en cualquier administración anterior debe ser práctica común cuando llega un nuevo equipo de trabajo a una oficina pública. Representaría una medida de presión para que el gasto se realice siempre apegado a la ley y para detectar cualquier tipo de irregularidad. Difundir esos informes coadyuvaría también a la transparencia que debe regir en el gobierno federal y en los Poderes de la Unión.

Una evaluación de ese tipo se realizó en el Consejo de la Judicatura Federal y el hallazgo es revelador: gastos innecesarios, subejercicio de recursos, inmuebles en estado crítico y falta de comprobación en el uso del dinero fueron algunas de las irregularidades, que generaron un daño patrimonial por 5 mil 428 millones de pesos.

Entre las anomalías encontradas está el pago de renta de cinco inmuebles que no están en uso. Además, el Consejo fue omiso en solventar 797 observaciones hechas por el área de Contraloría y por la Auditoría Superior de la Federación.

En este 2019 el presupuesto asignado disminuyó en comparación con el ejercido en 2018, lo que pone en riesgo 153 inmuebles que se encuentran en estado crítico, a pesar de que el año pudieron haber recibido mantenimiento, pues hubo un subejercicio en el que miles de millones de pesos no fueron utilizados.

Otro dato que exhibe las irregularidades es el proyecto para construir un Centro de Justicia Penal Federal, en Reynosa, Tamaulipas. Para este tipo de instalaciones se requieren predios de 10 mil a 15 mil metros cuadrados, pero el adquirido en esa ciudad es apenas de 4 mil 200 metros cuadrados.

Toda mala gestión tiene consecuencias. Luego del desastre administrativo que dejó la administración previa, el Consejo de la Judicatura Federal se encuentra ahora bajo presiones financieras, con poco margen para enfrentarlas.

En la administración pública no se trata de reportar subejercicios y devolverlos a la Tesorería de la Federación —como ocurrió en la gestión anterior de la Judicatura— sino de ejercer un gasto responsable y transparente, eliminando erogaciones superfluas.

Al reportar ahorros por más de 5 mil millones de pesos, a costa del deterioro de instituciones, la medida que se pensó positiva se revierte y en poco tiempo se torna negativa. En lenguaje simple: el caldo, más caro que las albóndigas.

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