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Un Congreso más delgado

Editorial EL UNIVERSAL

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Una de las explicaciones al origen de la palabra “aviador”, entendida como la persona que cobra sin trabajar, señala que luego de la Segunda Guerra Mundial México compensó a los integrantes del Escuadrón 201, que peleó en el conflicto, asignándoles un espacio en la nómina de la Cámara de Diputados en lugar de proporcionarles una pensión. Percibían un ingreso sin acudir a laborar.

Esa palabra se quedó en el vocabulario porque la situación siguió replicándose en la nómina gubernamental. En cada administración municipal, estatal o federal se conocía de casos en los que familiares de la autoridad recibían un sueldo fijo cada quincena sin pararse en alguna oficina.

EL UNIVERSAL publica hoy que la actual Legislatura de la Cámara de Diputados redujo casi 3 mil plazas en comparación con las que operaban en la 63 Legislatura. En el periodo anterior laboraban 7 mil 295 empleados, ahora únicamente 4 mil 352. La razón: no cumplían su función, “parecían aviadores” y “eran poco productivos”.

Los excesos y la existencia de una burocracia dorada tanto en el Senado como en la Cámara eran hechos documentados. A finales de la anterior Legislatura, por ejemplo, este diario dio a conocer que el gasto en asesores, durante los tres años que duró el periodo legislativo (2015-2018), fue de 4 mil 693 millones de pesos, mayor al presupuesto que recibió el Seguro Popular en 2018. En esos tres años el Congreso (Cámara y Senado) llegó a tener hasta 2 mil 259 asesores para auxiliar tanto en las comisiones legislativas como en los grupos parlamentarios, órganos de gobierno y áreas administrativas, con sueldos que iban desde los 8 mil hasta los 120 mil pesos mensuales.

El adelgazamiento que ahora se anuncia en la Cámara, sumado a lo que se realice en el resto de la administración pública eran medidas necesarias con el fin de que en el gobierno se liberaran fondos para resolver los rezagos que enfrenta el país en distintas áreas. En el proceso, sin embargo, tiene que prevalecer el respeto a los derechos laborales de los afectados y una liquidación apegada a la ley.

Hacer más eficientes los procesos, con el menor número de personal, debe ser un objetivo inmediato porque un gobierno obeso siempre estará recargado sobre los bolsillos de la ciudadanía más que sobre su productividad.

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