¿Sociedades sin ley?

Editorial EL UNIVERSAL

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Es comprensible que los sentimientos de hartazgo e inseguridad lleven a vecinos y habitantes de una comunidad a unirse para actuar ante una amenaza a su entorno, pero esos momentos de arrebato y desenfreno cuando se atrapa a un presunto delincuente son la vía para cometer actos de virtual barbarie, con el riesgo de que paguen inocentes.

De acuerdo con información que hoy aparece en estas páginas, los linchamientos aumentan en lugar de disminuir.

Un estudio elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México señala que los casos prácticamente se triplicaron al pasar de 60 ataques tumultuarios en 2017 a 174 el año pasado.

EL UNIVERSAL presenta también el testimonio de un joven que fue erróneamente señalado como el autor de un robo; diez personas se abalanzaron contra él para golpearlo y patearlo hasta casi dejarlo sin vida. Después de varios días en coma, de pasar un mes hospitalizado y de cumplir un año de rehabilitación médica ha podido retomar sus actividades normales. En medio del frenesí, la turba no se detiene a escuchar argumentos.

Los expertos mencionan como uno de los factores que más contribuyen a la aparición de casos de linchamiento la falta de legitimación de los cuerpos de seguridad. A diferencia de lo que ocurre en naciones con mayor desarrollo, en México la mayoría de las corporaciones está rodeada de un aura de corrupción o de incapacidad y debilidad ante el crimen. No existe un vínculo de confianza entre sociedad y policías.

El país debe aspirar a eliminar los casos de linchamiento, pero para que eso ocurra todo el aparato de seguridad y de justicia tendría que operar con eficiencia y eficacia; en esta encomienda, el primer frente lo encabezan elementos policiacos.

La unión vecinal para generar ambientes seguros es de aplaudirse, pero tiene que darse en coordinación con corporaciones policiacas; en cualquier modelo de seguridad debe plantearse de manera obligada el acercamiento con la población.
Hacer justicia por mano propia e ignorar las instancias creadas para desempeñar esa función es una señal de la poca credibilidad hacia ellas. Es un síntoma de la operación deficiente de los organismos que tienen la responsabilidad de garantizar seguridad, de aquellos que tienen que integrar averiguaciones previas y de los que tienen que dictar sentencia. Todo lo anterior sepulta la posibilidad de avanzar como una sociedad que funciona con base en fundamentos jurídicos.

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