El combate efectivo a la corrupción va más allá de la caída de los grandes delincuentes incrustados en los aparatos burocráticos. Para prevenir y enfrentar este flagelo resulta indispensable contar con instituciones, procesos y leyes que faciliten estas labores. La democracia mexicana ha llevado a cabo pasos importantes en ese sentido y es fundamental que los esfuerzos continúen.

Un aspecto sobre el que usualmente no se profundiza en este rubro son las actividades financieras de personas, empresas o agrupaciones relacionadas con delitos de corrupción, por lo cual sus perpetradores han obtenido generosas ganancias sin padecer sus consecuencias ante la justicia.

En este contexto, llama la atención la iniciativa que busca reformar la la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo objetivo es otorgar plena autonomía, técnica y de gestión, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el predictamen, que se encuentra en el Legislativo, se busca que la UIF sea la responsable de investigar y sancionar las actividades financieras relacionadas con recursos de procedencia ilícita. Con esta medida, se incorporaría un elemento clave que se ha mantenido ausente en la lucha contra el crimen y la corrupción en los últimos años.

La realidad mexicana revela que las detenciones de funcionarios por delitos de corrupción surgen casi siempre a partir de procesos judiciales ampliamente publicitados, pero pocas veces existen pruebas de movimientos de dinero, de desvíos o de desfalcos, que consoliden los casos. Por estas razones, es plenamente razonable para el nuevo gobierno federal darle autonomía y mayores atribuciones a la UIF.

Lo que está por verse, no obstante, es si esta medida neutralizará y combatirá de manera efectiva la corrupción, causa que encabeza desde hace tiempo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los cambios administrativos y procedimentales no siempre tienen los efectos deseados, así que el resultado está por verse en caso de aprobarse la iniciativa.

Esta medida, que todavía tiene que recorrer su trayecto al interior del Legislativo, es un paso fundamental para ir contra la corrupción, aunque también es cierto que aún falta mucho por recorrer. No hay que perder de vista que ir contra este mal requiere de la voluntad y coordinación de organismos del Estado, aprovechar la memoria institucional e ir más allá de lo punitivo para atacar las causas de la corrupción. Hay que seguir en el buen camino, pero también evitar excesos.

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