SAT: despidos e insensibilidad social

A partir de las promesas de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que el tabasqueño se comprometió a hacer más eficiente la administración de recursos en el gobierno federal y evitar el dispendio y los gastos innecesarios, parece que cada rama de la burocracia estatal ha entendido esto de una manera distinta y lo ha interpretado a su conveniencia: mientras algunas han comenzado a revisar sus organigramas y esquemas salariales, otras, sin embargo, se han ido por la salida rápida de los despidos masivos. Es el caso del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que contempla la liquidación de por lo menos 2 mil miembros de su planta laboral, así como el cierre de varias de sus oficinas en la República.

Aun cuando el mandatario prometió que su plan de austeridad y combate a la corrupción se haría tal y como se barren las escaleras: de arriba para abajo (es decir, que primero se revisarían los mandos superiores, sus funciones y percepciones económicas), en los hechos son los trabajadores de base los primeros en resultar afectados con la pérdida de su fuente de ingresos.

El SAT ha explicado escuetamente que su objetivo es evitar la duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, todo en beneficio de los contribuyentes y en apego a la política de austeridad y ahorro del nuevo gobierno.

Pero a diferencia de lo que ocurre en otras dependencias, los empleados del SAT han denunciado su situación y el momento crítico por el que atraviesan, haciendo públicos los procedimientos coercitivos en su proceso de separación y la serie de engaños y opacidades en el mismo. Todo esto en contradicción con la legalidad que se espera de un sector del gobierno que justamente se dedica a observar que las cosas se realicen de forma clara y ordenada. Como el mayor empleador del país, el gobierno federal tendría que dar certeza a sus trabajadores y cumplir la ley sin cortapisas. Encarado por trabajadores de la dependencia, AMLO se comprometió a revisar el tema y respetar sus derechos, precisando que en su mira está más bien la alta burocracia, que es en donde se ha detectado dispendio, privilegios y corrupción. “El ajuste es arriba”, ha enfatizado el mandatario.

Es cierto que un gobierno obeso se convierte en una pesada carga para la sociedad, que es la que provee los recursos, pero cualquier intento de adelgazamiento debe ir acompañado de liquidaciones apegadas a la normatividad e incluso de planes para ayudar a los afectados a encontrar un nuevo puesto de trabajo. Es buen momento para que se aplique la sensibilidad social que pregona la autoridad.