La sociedad organizada es un ejemplo de ciudadanos participativos interesados en la vida pública. Así, en las últimas décadas surgieron en el mundo, principalmente en naciones en vías de desarrollo, las Organizaciones No Gubernamentales enfocadas en proyectos de corte humanitario, social o cultural. Todas tienen en común el deseo de transformar su entorno para alcanzar el bienestar social. La labor de muchas de ellas es reconocida por representar un espacio distinto a la esfera estatal, sin burocratismo y sin interés en construir clientelas. La ayuda, cooperación y solidaridad, se encuentran siempre en el centro de su actuación.

Naciones Unidas incluso reconoce las tareas que desempeñan las ONG, mantienen vínculos con ellas y son incluidas en consultas para la ejecución y desarrollo de proyectos sociales.

En México las ONG han tenido un papel relevante, pues en muchos casos ejecutan una función en áreas donde el Estado se encuentra ausente.

En el país, como en muchas partes del mundo, los gobiernos destinan recursos para financiar los proyectos de las ONG. Este 2019 la situación es diferente: el gobierno federal cortó de tajo los recursos para las agrupaciones civiles. En 2018 se destinaron 6 mil 200 millones de pesos para actividades de ONG. Tuvieron acceso a los recursos 2 mil 656 asociaciones de las más de 22 mil que existen en el país.

EL UNIVERSAL publicó ayer que la operación de muchas de ellas están en riesgo y que otras más tratan de sobrevivir vendiendo condones, organizando conciertos o impartiendo talleres y diplomados.

Este mismo martes el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el recorte obedeció a que se encontraron hechos de corrupción. Expuso que hay casos en los que quien dirige una ONG recibe sueldo, viáticos y asesores con cargo al erario.

A los casos encontrados de corrupción bastaría con canalizarlos por la vía legal para detener el mal ejercicio de los recursos públicos. Que por unos paguen todos, no parece una buena decisión en principio. El mandatario admitió que no todas las ONG son iguales, pero aún no hay una estrategia para seguir dando financiamiento a las organizaciones.

Nadie estaría en contra de que se cortaran recursos en los casos que se documente el desvío de dinero o en aquellas organizaciones que oculten la forma en que ejercen el gasto. Es reprobable también que asociaciones se escuden en una ONG para hacer de la recepción de dinero público un modus vivendi. Lo importante es recordar que no es una práctica generalizada. Si por la falta de recursos desaparecen organizaciones con una trayectoria transparente, el país podría pagar un costo mayor al monto de lo recortado.

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