Extorsión ¿hasta cuándo?

Editorial EL UNIVERSAL

Tuvieron que pasar 14 denuncias por extorsión —algunas presentadas desde principios de año—, alrededor de 20 unidades siniestradas y la muerte de tres conductores para que concesionarios del transporte público del Estado de México se reunieran con la Fiscalía estatal y la Secretaría de Movilidad, a inicios de esta semana, con el objetivo de definir estrategias para contener el problema.

Además, en demanda de mayor seguridad y con el reclamo de “no más sangre al volante”, conductores de transporte público de Tecámac, Ecatepec y Zumpango tomaron el martes casetas de la autopista México-Pachuca.

El encuentro y la movilización fueron inútiles. Pocas horas más tarde se volvieron a presentar incendios de unidades. Este miércoles dos camionetas de la línea San Juan Zitlaltepec, “Las Brujas”, fueron incendiadas en Tecámac, a unos metros de la estación del Mexibús Ojo de Agua. Grupos criminales actúan como si tuvieran la seguridad de que son intocables por la autoridad.

En los hechos de ayer también se registró por primera vez la quema de una unidad en la Ciudad de México; el vehículo formaba parte de la ruta que opera en el Estado de México.

La exigencia de cuotas para desempeñar una labor es una actividad delictiva que golpea indirectamente a la ciudadanía. Si no termina con la oferta de algún servicio o de un producto, encarece los precios, pues el empresario o el propietario de un negocio traslada al cliente el costo de la extorsión. En algunas regiones del país, las compañías prefieren bajar la cortina que continuar con una actividad que solo les genera pérdidas y pone en riesgo la vida de los empresarios, pequeños o grandes.

La situación parece estarse replicando en la zona metropolitana de la Ciudad de México: denuncias de extorsión, ataques directos a las víctimas y la imposibilidad de autoridades para erradicar el fenómeno. En la capital del país los casos del llamado “cobro de piso” son todavía mínimos. En el primer semestre se presentaron solo tres denuncias, pero el incendio de una unidad en la alcaldía Gustavo A. Madero debe encender las alertas.

A los constantes asaltos en el transporte público mexiquense, se suman ahora las amenazas directas a conductores de las unidades. Amplias zonas de esa entidad viven literalmente a merced del crimen sin el debido apoyo de autoridades. La ciudadanía se encuentra indefensa. ¿Hasta cuándo?

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