Ningún gobierno puede renunciar a percibir el equivalente a 10 millones de dólares diarios, mucho menos el mexicano que tiene frente a sí una población con carencias enormes. Esa cantidad (200 millones de pesos) es la que todos los días grupos criminales saqueaban en combustible a las arcas de Petróleos Mexicanos. Recuperarlos no es criticable, acaso la estrategia para lograrlo.

Ante tal agujero financiero, la administración actual decidió enfrentar el robo, una situación que se dejó crecer durante distintas administraciones en los últimos 15 años.

A finales del año pasado se dio a conocer que desde el 20 de diciembre se puso en marcha un plan contra el llamado huachicoleo, que se detectó complicidad de autoridades de Petróleos Mexicanos y que tres funcionarios habían sido puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Se informó también que elementos de Ejército y Marina tomarían el control de instalaciones estratégicas.

Todo pareció transcurrir de manera normal hasta la semana pasada. El jueves 3 de enero comenzaron los primeros reportes de un extendido desabasto de combustible en al menos seis estados, aunque desde Michoacán se reportaba que tenían una semana padeciendo el problema.

La explicación ofrecida sonaba lógica: para evitar que los ductos fueran “ordeñados” por bandas delictivas, el transporte de combustible se haría mayormente por pipas. Se pidió comprensión y apoyo ante el escenario.

Lo delicado es que el problema en lugar de atenuarse se agravó. Aunque los recuentos varían, son nueve estados los que sufren la escasez, pero ayer incluso en la capital del país hubo estaciones de servicio que reportaron no tener combustible.

La paciencia solicitada podría durar poco si continúa la afectación a las economías individuales y de las empresas. Hay muchos taxistas y pequeños empresarios que no han podido desarrollar su actividad de manera normal. En Michoacán 40% de las unidades de transporte público dejaron de circular por no contar con gasolina. EL UNIVERSAL ha documentado en León, Guanajuato, filas de 200 automóviles y esperas de hasta seis horas para poder llenar el tanque de una motocicleta.

A todo lo anterior se añaden los bajos inventarios y la poca producción de gasolina, reportados por la Secretaría de Energía. Hay entidades donde las reservas de combustible son apenas para un día.

Van siete días de desabasto. Las señales de pronta normalización que envía la autoridad no se reflejan en el día a día de la población.

Vale la pena que el gobierno en un ejercicio de autoanálisis se responda. ¿Es correcta la estrategia que emprendió contra el huachicol?

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