Consumir y no pagar

Editorial EL UNIVERSAL

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Cuando una empresa pública tiene pérdidas, la población en general de una u otra forma tiene que costear el boquete financiero que se genera, como el de 100 mil millones de pesos que arrastra la Comisión Federal de Electricidad.

Por robo de energía, la empresa deja de percibir casi 60 mil millones de pesos al año, mientras que la morosidad de millones de usuarios le cuesta 43 mil millones de pesos.

Esa merma económica se dejó crecer con los años hasta llegar a los niveles en que se encuentra en la actualidad. La CFE y Petróleos Mexicanos fueron durante décadas las principales fuentes de ingreso para las finanzas del país, así como las más importantes palancas de desarrollo. Actualmente la situación económica de ambas no es la mejor. ¿Cuánto tiempo más permanecerán en esa situación?

Del total de los 40.6 millones de clientes que tiene la CFE en el país, casi 8 millones de usuarios han caído en la cultura del impago, lo que equivale a que dos de cada 10 clientes no pagan la electricidad que consumen.

La mayor parte de los morosos de todo tipo (usuarios domésticos, comercios, compañías prestadoras de servicios, del sector agrícola, y empresas medianas y grandes) se concentran en siete entidades: Edoméx, Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Guerrero y Veracruz.

Los datos de la capital del país son un ejemplo de cómo avanzó la bola de nieve a la vista de todos. En 2012, la cifra de usuarios domésticos que no cubren el importe del servicio era de 301 mil, pero en agosto de 2018 ese universo había escalado a un millón 150 mil usuarios, poco menos de la mitad del total de usuarios con contrato, que asciende a 2 millones 775 mil.

En julio de 2018, la CFE contabilizaba un daño patrimonial de 5 mil 161 millones de pesos por lo que se deja de recaudar en la CDMX. Las cifras actualizadas a enero de este año señalan que la cantidad asciende a 6 mil 105 millones de pesos.

De alguna forma la sociedad tiene que cubrir los recursos que no llegan a las arcas de la empresa productiva del Estado. En la capital del país, por ejemplo, el servicio se recarga en el pago puntual de solo seis de cada 10 usuarios. Si todos cumplieran con sus obligaciones, las tarifas podrían incluso presentar una disminución.

Grave también es que el país pierda oportunidades de inversión y de crecimiento en materia de electricidad por los adeudos de millones de personas.

Recibir un servicio público y no pagarlo ha sido “normal” para millones de personas. Si no se aprovecha la coyuntura actual —un gobierno con elevado apoyo ciudadano— para eliminar esa práctica, solo se estaría fomentando el deterioro económico de la CFE.

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