Confianza traicionada

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Modificar las cifras de delitos es una tentación que seguramente todos los gobernantes han tenido y que con probabilidad alguna vez han realizado. En un país asolado desde hace una década con niveles de inseguridad siempre ascendentes, fabricar un descenso en el número de ilícitos implicaría un beneficio político, pero al mismo tiempo reconocer la incapacidad de combatir el crimen.

En la capital del país, la actual administración acusó formalmente esta semana a funcionarios del gobierno previo por alterar las cifras de índices delictivos. Dos meses después de tomar posesión, en febrero de este año, la procuraduría de la Ciudad de México dio a conocer los primeros indicios; se mencionó que las cifras oficiales de la administración pasada daban cuenta de 84.7 delitos en promedio, cuando en realidad se registraban 170.

Una trama de este tipo requiere de muchas manos, pero de una orden específica de un alto funcionario. En total, 106 personas serán investigadas por la Comisión de Estadísticas del Sistema de Seguridad Publica y la procuraduría capitalina, entre ellas el exprocurador Edmundo Garrido Osorio y el extitular de la Dirección de Estadística Criminal, César Martínez Jaso.

Para hacer una acusación así la actual administración debe tener evidencias claras… y todo indica que cuenta con ellas. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizó una auditoría —en la que también participó un representante de la Organización de Naciones Unidas— que implicó la revisión de más de 240 mil expedientes. El hallazgo más importante es que un total de 24 mil delitos de alto impacto fueron considerados de bajo impacto. En el caso de homicidios, decenas de expedientes fueron catalogados como hechos culposos o pérdidas de vida por causas naturales o fortuitas cuando en realidad se trató de homicidios dolosos.

De confirmarse lo expuesto por el gobierno de la Ciudad de México, se estaría ante una traición a la confianza ciudadana por parte de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de proporcionar espacios y ambientes seguros, pero también ante la urgencia de imponer controles de calidad a las estadísticas que recogen todas las procuradurías estatales.

Maquillar las cifras solo cierra la oportunidad de mejorar en materia de combate al crimen. Se pierde tiempo valioso para atender de manera integral un problema grave que crece, mientras con engaños se pretende hacer creer que hay avances. La realidad, sin embargo, es inocultable.