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Juana Rivas: un dilema

Edgar Elías Azar

Desde tiempos remotos, lo mínimo que se le exige a la justicia es que sea imparcial. Que el juez logre dar el mismo peso a los intereses y argumentos de dos contrarios. Por ello, la imparcialidad no implica neutralidad: la neutralidad es un método para observar situaciones de facto sin emitir juicios. Un juez no es un observador neutral y sino un resarcidor de situaciones conflictivas que llegan a un juzgado. La imparcialidad invita a que los jueces subsanen una situación que de suyo puede ser injusta para alguna de las partes.

Por ello, a la imparcialidad la solemos acompañar y proteger con leyes objetivas y de instituciones legítimas para que funcione y no se desvíe en el camino. Si no existen criterios normativos a los que el juez pueda acudir, se hace difícil aceptar su imparcialidad o reclamar su imparcialidad. La imparcialidad puede ser tanto una virtud personal, como un barandal aportado por las leyes estatales. Pero en un Estado de Derecho preferimos no depender de las virtudes personales y preferimos confiar en las reglas institu cionales. Por ello, la imparcialidad de un juez está marcada por la ley y no por su capacidad de mantenerse imparcial. Perder la autonomía y la imparcialidad por influencias externas es tanto como dejar de ser un juez en un Estado de Derecho.

Todo esto lo pienso a propósito del caso que se está llevando en los tribunales españoles: Juana Rivas, una madre de dos hijos menores de edad que decidió no regresar más al lugar donde vivía, quedándose con ambos hijos ilegalmente en su país de origen. Francesco Arcuri, un padre italiano que reclama la devolución de sus dos hijos y denuncia a la madre por sustracción de menores. Juana argumenta haber sido maltratada por su marido como razón de su desaparición. Su marido niega los hechos. Un juez le solicita a Juana se presente en los juzgados con sus dos hijos, y Juana se niega. Las autoridades la comienzan a buscar y Juana se sustrae de la justicia. Después de varias semanas, Juana se presenta en los juzgados, es detenida por desacato y por la orden judicial derivada de la acusación de sustracción de menores interpuesta por su marido. Los hijos le son entregados al padre, y Juana ahora tendrá que enfrentar un proceso en el que se juzgaran sus acciones, con una posible pérdida de la patria potestad.

El asunto, visto desde la neutralidad de esta descripción, parece que no tiene mayor problema. Ningún padre ni madre debería llevarse a los hijos sin autorización del otro y si un juez solicita tu presencia uno debe de acatar las órdenes del juez.

Sin embargo, el asunto no es tan simple como hemos visto. Juana dice ser víctima de maltrato, dice haber sido golpeada por su marido, que los hijos le temen y que la justicia no está viendo esto. Mientras tanto, el padre niega dichas acusaciones. Los hijos se han sometido a las evaluaciones psicológicas necesarias y exigidas por los jueces y no aportan ninguna prueba de que corran peligro.

Los rasgos particulares del caso son los que comienzan a hacerlo más difícil de resolver, sin duda alguna, pero la dificultad de un caso no es un llamado a la parcialidad judicial o al quebrantamiento de las leyes. Los jueces tienen que hacerse de más elementos para poder decidir de manera imparcial el caso concreto.

Pero en este caso hay un factor que comienza a tomar fuerza y que pretende que la justicia pierda imparcialidad: su politización. Los medios, activistas, políticos y personas de opinión se han declarado a favor de la madre, por su calidad de individuo vulnerable, por sus acusaciones de maltrato, porque es quien protege a sus hijos, por variadas razones, todas legítimas, pero que por el momento no cuentan con sustento jurídico. Los jueces deben actuar conforme a lo que les exige la ley y no por presunciones ni por juicios que se encuentran fuera de ella.

Sin embargo, la opinión busca que el caso se resuelva desde la palestra de las políticas pública y no desde el atril de las leyes jurídicas existentes; las cuales se juzgan estereotipadas y prejuiciadas en contra de la mujer. De este modo, lo que se está exigiendo es que la justicia deje de ser imparcial, es decir, no apegada a la norma. Esto sin duda pone al Poder Judicial en una encrucijada, que me parece comenzará a ser más recurrente en las modernas democracias. Si el juez decide conforme al derecho, lo acusaran de someterse a un sistema machista y estereotipado, si no decide conforme a derecho, lo acusarán de no haber decidido de manera imparcial. Parece indicar que han colocado a la judicatura bajo un dilema: haga lo que haga, dirán que decidió mal.

 

Embajador de México en los Países Bajos

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