La XXII Asamblea ha sido un éxito. Ha trazado para el partido un horizonte de largo plazo, que lo prepara para los años por venir, al abrirlo todavía más a la sociedad y al asumir colectivamente la decisión de profundizar y defender el proyecto de país que está en marcha, cuyo propósito es que los mexicanos vivamos con mayor prosperidad, seguridad, justicia y paz. El PRI ya afronta los desafíos de la agenda pública, desde muy diversos frentes.

Interpretaciones coyunturales aparte, la asamblea no fue concebida para enviar señal alguna respecto al proceso electoral del año entrante; mucho menos respecto al nombre de un eventual candidato presidencial. Aunque será relativamente pronto, vale la pena insistir que será todavía en algunos meses, hacia los últimos del año, cuando el Consejo Político Nacional decida, primero, el mecanismo de selección del candidato y, de ahí, el nombre de quien represente al partido en la elección del Presidente de México y acompañe a muchas y muchos candidatos más en los comicios más disputados de la historia reciente.

En apretada síntesis, se pueden enlistar, entre los principales acuerdos de la Asamblea, los que abren el partido a la sociedad, al proponer que una de cada tres candidaturas de mayoría sean ocupadas por jóvenes y que se garantice la paridad de género en las postulaciones, por espacios de representación en todas las demarcaciones en las que el partido es competitivo, así como en las listas plurinominales; eliminar el requisito de 3, 5 y 10 años de militancia para ser candidato a un cargo de elección popular; y establecer que quienes aspiren deberán tener buena reputación, fama pública y ser competitivos electoralmente, de acuerdo con estudios demoscópicos, así como comprometerse, en todos los casos, con los postulados del PRI.

En la misma línea de pensamiento, se decidió crear, entre otras secretarías, la de Vinculación con Instituciones Educativas; y la de Vinculación Empresarial y Emprendimiento; además de las Comisiones de Ética Partidaria en los ámbitos nacional y de las entidades federativas, que contarán con fuerza estatutaria para ejercer acciones de prevención y control del desempeño de militantes en funciones de dirigencia partidista y de gobierno. Articulada con lo anterior, se instituyó la Secretaría Anticorrupción, que será un enlace directo con el Sistema Nacional de la materia, a efecto de que los candidatos priístas sean desde el inicio, corresponsables con su partido en la transparencia y rendición de cuentas.

Todo lo anterior, sumado a un cúmulo de tareas que contribuirán con fines como el fomento de la participación política de la sociedad, con especial énfasis en el desarrollo profesional y político de sectores que suelen ser desfavorecidos, para lo cual se habrán de multiplicar los programas de capacitación dirigidos a jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Pero quizá tanto o más relevante que todo lo anterior, es la decisión política de extender, profundizar y asegurar el enraizamiento de las reformas transformadoras que impulsó, con audacia y sentido de responsabildidad, Enrique Peña Nieto, mismas que están cambiando el rumbo del país, y requieren algunos años más de implementación cuidadosa, para que los beneficios se multipliquen y cambien positivamente el destino de los mexicanos.

Coordinador de diputados del PRI.
@CCQ_PRI

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