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Durante la presente administración nació el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con atribuciones tanto regulatorias, como de competencia económica, y con una amplia agenda por cumplir que no puede evadir pues se encuentra en la Constitución.
Aunque ha avanzado en la mayoría de temas como el apagón analógico, concretado en diciembre de 2015, quedan pendientes por cumplir más allá de diversas licitaciones de espectro para radio que están en curso, la de televisión digital abierta y de espectro radioeléctrico.
El regulador debe evaluar y decidir si los agentes económicos preponderantes —América Móvil y Televisa— han cumplido con sus obligaciones impuestas hace dos años y si deben disminuir, aumentar o modificarse.
Aunque el instituto se autoimpuso dicha tarea, que venció en marzo pasado, decidió que será en noviembre cuando entregue el informe bianual, previo al cual notificará a las empresas sobre su grado de cumplimiento para que presenten pruebas y alegatos al respecto.
Por otra parte, será el instituto quien evalúe a los participantes del proyecto de la Red Compartida en materia económica, a partir de lo cual podrán seguir o salir del proceso que se ha retrasado en dos ocasiones y cuyo fallo se dará a conocer el próximo 17 de noviembre.
El IFT fue concebido con siete comisionados, los cuales tienen periodos escalonados de labores, siendo el primero de dos años que ocupó Fernando Borjón, quien dejó el cargo en febrero pasado y ahora es director general del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), cuyo objetivo es velar por la Asociación Público-Privada (APP) que desplegará la Red Compartida.
Desde la salida de Borjón, la posición de comisionado sigue pendiente pues el presidente Enrique Peña Nieto no ha enviado una propuesta de designación al Senado y a inicios de 2017 saldrá Ernesto Estrada, por lo que el regulador se quedaría sin dos integrantes.
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