IP quiere que se les indemnice por daños de la CNTE

maria.saldana@eluniversal.com.mx

Los empresarios del país analizan demandar al gobierno federal la reparación de los daños que sufren por los bloqueos y las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al no aplicarse el Estado de derecho, sobre todo en las entidades del sur.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, aseguró que en diversas legislaciones se especifica la obligación del gobierno de indemnizar a consecuencia de la acción indebida de la autoridad.

La suma de las afectaciones directas tanto a los negocios de los estados donde hay más bloqueos como a las industrias que se les dañó por cierres carreteros o bloqueos a las vías del ferrocarril, entre otros actos ilegales, puede llegar a 115 mil millones de pesos, dijo Gustavo de Hoyos, aunque precisó que sólo son estimaciones.

Expuso que el pedir la reparación del daño puede aplicarse en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, en donde hay inacción y conductas omisas de los tres niveles de gobierno. Se evalúa si la conducta omisa y las legislaciones dan lugar a pedir que el Estado repare el daño, porque están obligados a indemnizar a los particulares cuando hay una “acción indebida” del gobierno o una inacción.

“Analizamos si las empresas individuales podrían reclamar al gobierno el subsanar daño patrimonial”, y de ser así se va a proceder al reclamo indicó el representante empresarial.

Además, se le da seguimiento a las cuatro demandas de amparo y la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que presentaron empresarios de la Coparmex hasta que lleguen a la solución.

Durante el Foro Empresarial Anticorrupción que organizó la Coparmex, el líder patronal advirtió:

“Pensamos que ante la evidencia, reiteración y agravamiento de violaciones al Estado de derecho no debe mantenerse la tolerancia, porque cuando ésta es excesiva se vuelve permisiva y si se sigue por esa vía se convierte en complicidad”.

Gustavo de Hoyos advirtió que la fecha fatal para que el gobierno demuestre la vigencia plena del Estado de derecho es el inicio del ciclo escolar, es decir, el próximo 22 de agosto. “Se debe garantizar el derecho a la educación de los niños”.

El principal reclamo para el gobierno federal y las autoridades estatales es que eviten cualquier bloqueo de carreteras, instalaciones públicas, aeropuertos, puertos y cualquier afectación a la vida económica.

Las movilizaciones de la CNTE son violaciones flagrantes, “todos los días vemos violación reiterada y sistemática de la ley” y no debiera verse “permisibilidad del Estado mexicano”.

Expuso que siguen atentamente casos concretos de corrupción en algunos gobiernos estatales, donde hay evidencia del uso ilegítimo de recursos públicos como en Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua y en la administración que concluyó en Sonora. Aunque pudiera haber otras entidades con este tipo de casos.

Agregó que también debe haber castigo para las empresas que participen en actos de corrupción, tal y como lo dice el código de comercio en el que se asegura que puede ser “disuelta” una empresa si hay evidencias de que viole la ley.