La decisión del Poder Legislativo de postergar la discusión de las leyes anticorrupción hasta junio, en lugar de cumplir con el mandato constitucional de tenerlas listas antes del 28 de mayo muestra el cinismo, la irresponsabilidad, la falta de compromiso y de actitud cívica de los legisladores por sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Gustavo de Hoyos Walther, aseveró que los patrones del país exhibirán “a los políticos que se resisten a cambiar sus privilegios y anteponen sus intereses a los de los ciudadanos” mediante una campaña pública en la que denunciarán a aquellos políticos que no quisieron discutir las siete leyes anticorrupción.

En lo que llamó la Declaración Tijuana, el líder patronal dijo que los 65 Centros empresariales reunidos en dicha ciudad fronteriza acordaron exponer ante instancias internacionales lo que los legisladores están haciendo a los mexicanos al mantener un “sistema de privilegios e impunidad”.
Advirtió que en los próximos días darán a conocer el caso mexicano ante el Comité Anticorrupción del Consejo Asesor de Industria y Negocios (BIAC por sus siglas en inglés); acudirán también a la Conferencia Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); ante la
Organización de Estados Americanos y primer Foro Empresarial Iberoamericano Anticorrupción.
De Hoyos Walther aseveró que “el gran potencial de crecimiento y desarrollo de México encuentra hoy un gran obstáculo: la debilidad de nuestras instituciones, reflejado en un sistema legal, de justicia y penal, que parece de un país subdesarrollado, donde la corrupción y la impunidad son el principal
lastre”.
Aseveró que con esta actitud los legisladores dan abiertamente la espalda a los mexicanos que exigen el fin de la corrupción, de la impunidad y de la opacidad.
“Pareciera que en México los primeros en no respetar las leyes son quienes tienen la obligación de crearlas, es decir: los legisladores”, aseveró.
El problema es que los políticos en lugar de sensibilizarse ante los problemas de inseguridad, injusticia, corrupción y pobreza se benefician ilegítimamente de los recursos públicos.

En México las corruptelas no tienen castigo para los políticos, mientras que en otros países no se distinguen jerarquías y se actúa contra quienes incurran en actos ilegales, expuso De Hoyos Walther.
“Si los políticos se resisten a cambiar sus privilegios y anteponen sus intereses a los de los ciudadanos, seremos la sociedad civil organizada quienes obliguemos a caminar en el sentido que demanda el mundo moderno, globalizado y participativo en el que estamos compitiendo”,concluyó.

cfe

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