La economía de México, el FMI y la consulta “con base” en el artículo IV

El artículo IV establece en la primera sección las obligaciones generales de los países miembros del FMI

Cartera 20/11/2015 01:33 Gregorio Vidal Actualizada 01:35

En días pasados, el 9 de noviembre, concluyó la consulta del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el gobierno de México sobre el curso de la economía en el país y las políticas que en la materia se aplican. De acuerdo con el directorio del FMI la consulta se realiza con base en el capítulo IV del convenio constitutivo del organismo financiero internacional.

El artículo IV establece en la primera sección las obligaciones generales de los países miembros del FMI sin distingo ninguno entre ellos.

Se reconoce que el sistema monetario internacional, ámbito de acción del FMI, tiene que ver con el establecimiento de un marco que facilite el intercambio de bienes, servicios y capitales entre los países miembros que sirva de base a un crecimiento sólido.

En el desglose de las responsabilidades se señala que cada país miembro “hará lo posible, teniendo debidamente en cuenta sus circunstancias, para orientar sus políticas económicas y financieras hacia el objetivo de estimular un crecimiento económico ordenado con razonable estabilidad de precios”.

Las otras secciones del artículo IV se refieren a los regímenes generales de cambios, su supervisión, las paridades y otros temas relativos a las monedas. No hay otras consideraciones relativas a consultas que orientan la política económica de algún país y que tengan significación en la conducción del conjunto de la política económica. No obstante, el documento del directorio ejecutivo del FMI correspondiente a 2015 califica la política económica y realiza recomendaciones en la materia para ser aplicadas en el futuro inmediato.

Se felicita a las autoridades por su compromiso para consolidar gradualmente las finanzas públicas. Se da la bienvenida a la reducción de los requerimientos financieros del sector público lo que implica avanzar en la consolidación fiscal con base en alcanzar en años siguientes un superávit primario en las finanzas públicas, con el fin de contar con recursos para poder mantener los pagos de la deuda pública.

Un problema es que ello se realiza en un contexto de caída de la inversión pública fija. Según los datos del informe del FMI, en 2012 la inversión pública se redujo en 9%, en 2013 en 1.3%, en 2014 en 7.1 %. En 2015 no hay cambios, la reducción proyectada es de 4.8% y en 2016 se estima que será mayor, del orden de 16.3%.

En conjunto no se estiman cambios en el comportamiento de la inversión. En 2012 la inversión interna bruta como porcentaje del PIB fue 23.1. En 2016 las proyecciones del personal técnico del FMI establecen la misma cifra: 23.1%.

Entre los resultados no se observan cambios importantes en el crecimiento del PIB.

En los Criterios de Política Económica (CGPE) para 2016 con base en los cuales se establecen, por cuenta de la administración federal, los ingresos del sector público para el año próximo y el gasto público se sostiene que en 2015 el crecimiento del PIB se estima en 2.2%, una cifra mucho menor a la considerada en los CGPE para 2015. En el informe del directorio ejecutivo del FMI, con base en el artículo IV, se proyecta un crecimiento de 2.2 para 2015 y de 2.5 para 2016. La cifra para el año siguiente es menor a la considerada en los CGPE para 2016. Según la administración federal el aumento del PIB el año próximo se proyecta entre 2.6 y 3.6%. Para efectos de las estimaciones de finanzas públicas, se plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB de 3.1%.

Es una diferencia notable con las proyecciones del personal técnico del FMI para 2016. Más grave es que en el informe del FMI se observa que a mediano plazo, una vez ejecutadas las reformas estructurales aprobadas en años recientes el crecimiento potencial del PIB se situará entre 3 y 3.5%. Es un resultado que no modificara sustancialmente la situación de desigualdad social y niveles actuales de pobreza.

En lo inmediato, para 2016, si el crecimiento del PIB es menor a las estimaciones presentes en la elaboración del presupuesto público, seguramente implicará aplicar nuevos recortes al gasto por cuenta de la administración federal.

Además, las restricciones financieras pueden ser mayores si se mantienen los actuales precios internacionales de la mezcla mexicana de petróleo, a lo que puede sumarse un costo mayor de la deuda pública si hay un incremento en la tasa de interés de referencia en el mercado de Estados Unidos. Ante ello más ajuste fiscal y menos crecimiento económico.

Departamento de Economía UAM Unidad Iztapalapa.

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