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El fin de semana pasado, el líder de la fracción mayoritaria morenista en el Senado, el Doctor en Derecho Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la materia de Anticorrupción. En una entrevista radiofónica, sostuvo, sin que esto se refleje en la iniciativa, que esta Sala sustituiría a la Tercera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que todavía no funciona en razón a que los magistrados no han sido ratificados por el Senado en los ocho meses de la actual legislatura que deben sumarse al tiempo acumulado en la anterior.
La oposición, los académicos y los colegios de abogados alzaron la ceja y señalaron que el motivo oculto de la iniciativa era cambiar los equilibrios en la actual composición de la SCJN para favorecer al gobierno en turno. Esto se concluye de que el número de ministros aumentaría a 16 con lo que siete del total ya serían electos a propuesta del Presidente López Obrador, quien se favorecería de esta circunstancia.
Si bien este argumento es rebatible, esta iniciativa no ayuda a mandar un mensaje de respeto a la autonomía de la SCJN, aún más si se contextualiza con la declaración del senador referido de que este órgano del Estado requiere una sacudida.
La motivación para crear la Tercera Sala en la SCJN es el combate a la corrupción y además expuso en los medios de comunicación que una adicional es que la consecuente desaparición de la Tercera Sección del TFJA representaría un ahorro presupuestal bajo una lógica simplista: 5 ministros más cuestan menos que si se continua con el proceso de nombramiento de los 18 magistrados del TFJA. En este punto, el argumento es insostenible por la diversidad de funciones que llevan a cabo. Va la explicación.
La Tercera Sección del TFJA la integran sólo 3 magistrados que sumados a 15 adscritos a salas regionales especializadas hacen un total de 18. Estos juzgadores son autoridades resolutoras y reciben un informe de presunta responsabilidad, admiten y valoran pruebas y, en su caso, determinan la sanción correspondiente, revisable por el Poder Judicial de la Federación. Son jueces de primera instancia. Esto es una de los elementos importantes de la reforma de anticorrupción que otorga la garantía al presunto responsable de una falta grave de que su asunto se resolverá en sede judicial, no administrativa.
En contraste, la SCJN revisa sentencias como tribunal de apelación (casación) en el juicio de amparo y determina la validez constitucional de los actos de autoridad que se someten a su consideración por la vía de la acción o controversia constitucional y, en su caso, ordena la derogación de un ordenamiento jurídico en forma general.
Si la iniciativa se aprobara, la Tercera Sala de la SCJN propuesta se convertiría en un juzgado sancionador y como su carácter de Tribunal Supremo es la última instancia jurisdiccional y, en este caso, única instancia, ya que todas sus resoluciones serían inatacables. Esto violaría el derecho de las personas a la doble instancia que es un derecho humano reconocido en la Constitución y los tratados internacionales, que garantiza que la impartición de justicia sea objetiva e imparcial.
Por lo tanto, no son equiparables los ministros propuestos adicionales a los existentes con los magistrados anticorrupción en proceso de nombramiento. No son comparables ni en funciones, ni posición en el sistema jurisdiccional, ni los recursos que se requieren para la operación. El argumento del costo es falaz.
En este sentido, la inconsecuencia de convertir al Alto Tribunal en un juzgado de primera instancia implicaría gastos adicionales que pudieran ser muy superiores por dos razones primordiales: no existe actualmente una conformación jurídico-administrativa para llevar a cabo esa función en la SCJN y la dispersión en todo el territorio de los servidores públicos federales exige la creación de una estructura con presencia en toda la República para la recepción, sustanciación y notificación de los procesos relacionados con la anticorrupción.
El combate a la corrupción es con cierta razón lo que justifica todo en la actualidad, pero las ideas agradables al oído político no suelen ser técnicamente viables. El debate no debe plantearse como una cuestión de recursos económicos, sino de política pública de administración de justicia y equilibrio entre los poderes.
P.D. Hay que esperar para ver si la iniciativa siguiente del Senador Monreal ahora si propone la desaparición de la Tercera Sección anticorrupción del TFJA junto con la del Consejo de la Judicatura, que ya anunció.
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