Elecciones en Guatemala: ¿sigue el pacto de corruptos?

Carlos Heredia Zubieta

Ninguno de los candidatos que buscan la presidencia de Guatemala representa los intereses de la mayoría de los guatemaltecos.

El domingo 11 de agosto tendrá lugar la segunda vuelta entre las fórmulas de Alejandro Giammattei / Guillermo Castillo (Vamos); y Sandra Torres / Carlos Raúl Morales (Unidad Nacional de la Esperanza UNE). Según Mitofsky y Gallup, Giammattei lidera la intención de voto, mientras que Prensa Libre ubica a Sandra Torres con mayor opción de triunfo.

A cuatro de cada diez empadronados ninguno de los dos finalistas les parece una buena opción; consideran votar por el menos malo, anular su papeleta, o simplemente no votar.

Los candidatos no se proponen modificar el statu quo, descrito por el economista Samuel Pérez Attias así: “un estado colonialista en lo político, racista y excluyente en lo social, y extractivista, oligopólico y mercantilista en lo económico —además de la débil institucionalidad, el secuestro de la democracia, la constante captura del Estado y la cooptación de las instituciones” (https://bit.ly/2UYmD9A).

Cuanto más rapaz y explotadora es la élite, más riqueza acapara, y ello resulta en mayor conflictividad e inestabilidad política.

Thelma Aldana, quien podría enarbolar las causas populares, fue removida de la contienda por presiones del ‘pacto de corruptos’, integrado por las cúpulas económicas y políticas, a quienes Aldana investigó en su desempeño como fiscal.

El Movimiento Semilla, que la postulaba, se propone combatir la corrupción, rescatar al Estado, reconstruir a las instituciones públicas y responder a los ciudadanos.

Giammattei lleva 20 años como candidato, es su cuarto intento; se le percibe rodeado de ‘una colección de criminales’, indica el portal www.nomada.gt

A Sandra Torres el tribunal electoral le permitió contender —podría haber estado en la cárcel por financiamiento ilícito, y no en una papeleta electoral— e impidió la participación de sus dos rivales con más posibilidades, la propia Aldana y Zury Ríos, la hija del expresidente Efraín Ríos Montt, escribe Kimberly López en www.nomada.gt

Jimmy Morales termina su mandato el 14 de enero de 2020. Su gobierno firmó un documento que contiene disposiciones del tipo ‘Acuerdo de Tercer país seguro’ para que miles de migrantes que buscan asilo en Estados Unidos terminen esperándolo en Guatemala, el noveno país más violento del mundo, y el único de América Latina en el que no se ha reducido la pobreza en dos décadas
(https://bit.ly/2ZlYlIF).

El convenio no ha sido ratificado por el Congreso de la República y se perfila una batalla legal tanto en Estados Unidos como en Guatemala para su entrada en vigor.

En México conocemos el guión. Hace unas semanas aceptamos oficialmente ser el policía de EEUU en nuestra frontera sur; ahora Guatemala —sin valorar la credibilidad de las amenazas trumpianas— vio en la rendición la mayor victoria posible.

La falta de definición de los intereses nacionales de Guatemala permite que sean suplantados por los del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) —que junto con los militares y la embajada de Estados Unidos conforma la trilogía del poder permanente— que apoyó la firma del acuerdo ¡sin conocer su contenido!  

La relación de poderío/sumisión establecida entre Trump por un lado y México y Guatemala por el otro (que no son países seguros ni para sus propios ciudadanos), hace temer que la política del garrote y la práctica de contención migratoria-detención-deportación hayan llegado para quedarse en México y en Guatemala, quien quiera que ocupe la presidencia de la república.


Profesor asociado en el Centro de Investigación
y Docencia Económicas
(CIDE). @Carlos_Tampico

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