Capacidad y compromiso: la transparencia en el sector público

El pasado 6 de diciembre se convocó a los interesados a la elección del comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en la vacante del fallecido Carlos Bonnin. Esta semana se realizaron las comparecencias en el Senado de la República y hay 29 candidatos que pueden ser elegidos y cuyo listado incluye perfiles que reúnen los requisitos de capacidad y compromiso con la transparencia.

Este proceso es simultáneo a la renovación de los integrantes del órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que ha desatado la polémica sobre los conocimientos y experiencia profesional de las personas propuestas para ocupar el cargo, quienes mostraron su falta de idoneidad con los cuestionamientos de la Senadora Xóchilt Gálvez.

El grado de autonomía constitucional entre el INAI y la CRE varía significativamente. El primero es un órgano constitucional autónomo, que no depende del Ejecutivo Federal, y el segundo es un órgano desconcentrado del Ejecutivo, equiparado a una dependencia, que se coordina con la Secretaría de Energía, pero que tiene patrimonio propio y sus titulares son nombrados por el Senado entre las ternas que para tal efecto propone el Presidente.

Ambos entes públicos tienen como principios de actuación la objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalismo, entre otros, para garantizar que la función que la Constitución les atribuye se lleve a cabo con efectividad y eficiencia. La transparencia como ingrediente sustancial de una sociedad democrática crítica e informada y la regulación de la materia energética como el medio para consolidar un mercado competitivo que considere a las generaciones futuras y el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

El avance de la transparencia en nuestro país ha sido constante en las dos últimas décadas en dos sentidos: mayor autonomía a los órganos garantes y más sujetos obligados bajo el principio de máxima transparencia y total documentación de la actuación. Nada debe quedar a la razón del Estado o al secreto del arcano la acción pública con la salvedad de los datos personales que deben estar protegidos del escrutinio público para no violentar derechos humanos.

El perfil de un comisionado de transparencia debe ser completo. Conocimiento académico profundo del tema, preferentemente con un enfoque jurídico, y experiencia real en las lides con los sujetos obligados que tienden a la reserva de la información por diversas motivaciones, que no necesariamente son el ocultamiento de la misma. El perfil demasiado académico no alcanza a distinguir ciertas sutilizas del comportamiento administrativo y esta carencia provoca confrontaciones superficiales.

En estos momentos, en que se cuestiona la autonomía y rumbo del INAI, la designación debe recaer en una persona que no haya vivido la transparencia desde la torre de marfil de la academia. De ahí que sea importante que el Senado, órgano político por excelencia, sea el que intervenga en este tipo de nombramiento, ya que es el foro adecuado para conocer a los candidatos más allá de sus conocimientos teóricos. Capacidad y compromiso con la transparencia debe ser el parámetro para la selección de la persona idónea.

Basta revisar a los entrevistados y van a saltar a la vista quienes cumplen con este perfil, quienes han emitido resoluciones en los órganos garantes y vivido la realidad que es enfrentar a quienes protegen intereses oscuros en las organizaciones. Llama la atención que haya magníficos candidatos que provienen del ámbito local y federal como son Bibiana Peralta (opositora férrea a la opacidad en la Ciudad de México), Joaquín González Casanova (con experiencia en el Poder Judicial) y Adrián Alcalá (secretario en el INAI), por mencionar algunos.

Por contraparte, los comisionados de la CRE deben ser personas conocedoras de cuestiones técnicas y económicas. El ideal son personas no ideologizadas, convencidas de que un piso parejo a cualquiera de los participantes en el mercado, sea público o privado, beneficia a la sociedad, en la medida que puede provocar una mejora organizativa en las empresas productivas del Estado en razón a la competencia y ayuda a reducir las fallas del mercado y del Estado.

En el centro de los procesos de designación, hay un debate profundo sobre la importancia en un Estado democrático de derecho de respetar la independencia de los órganos del Estado que gozan un grado elevado de autonomía respecto al Ejecutivo Federal. El Senado es el ojo de ese huracán y la opinión pública está pendiente de sus decisiones, porque los incondicionales al gobierno en estos órganos en realidad no le ayudan a éste. La sabiduría política tiene una frase para esto: “el que se opone apoya”.

El respeto a la autonomía del INAI y la CRE legítima al gobierno. Los contrapesos abiertos –no los cortesanos o palaciegos- son los que permiten corregir el rumbo a tiempo y eso lo requiere cualquier gobierno que busque realmente el bienestar colectivo.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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