Administración pública, lealtad y perdón

La administración pública es el aparato jerarquizado y profesionalizado al servicio de una entidad estatal, que cuenta con recursos humanos, financieros, materiales e informáticos, para el cumplimiento de las atribuciones concedidas por el orden jurídico. En su origen, todavía hace unos años, se identificaba con los órganos al servicio del Presidente. Hoy se vincula también con los poderes legislativo y judicial y con los órganos constitucionales autónomos.

En la imaginería social, quienes trabajan en una administración pública son sinónimo de burócratas, en su sentido negativo, privilegiados y sustituibles. Este estado de ánimo fue aprovechado por los partidos políticos en las pasadas elecciones para obtener votos en su favor e integrar una nueva mayoría. La estrategia consistió en denunciar los escándalos de corrupción de malos funcionarios para desprestigiar el desempeño en general de los servidores públicos. No pocos piensan que todos los que despachan en una oficina gubernamental son de la misma calaña que los Duarte, los Moreira, los Yunes y otros muchos más.

Esta circunstancia convirtió al combate a la corrupción en la principal bandera en las campañas y el ambiente es propicio para que cualquier propuesta de reducción de las prestaciones de los servidores públicos sea recibida con beneplácito, hasta entusiasmo, por una ciudadanía convencida que las administraciones públicas son cómplices de los políticos abusivos y cínicos. Hay una gran confusión entre lo que hace un profesional de la gestión de lo público y un líder social o político que promete "las perlas de la virgen" sin fundamento económico, ni técnico. El administrador intenta que el gobierno funcione lo mejor posible y los recursos alcancen para distribuir entre más personas, el político sólo piensa en la próxima elección. El primero ejecuta recortes y medidas de austeridad cuando el recurso presupuestal no alcanza, el segundo acaba hundido en justificaciones permanentes para explicar por qué el paraíso anunciado nunca llegó.

En ese sentido, los servidores públicos que cumplen con su deber cotidianamente, en forma profesional, con los recursos escasos a su disposición, tratando de superar enormes rezagos sociales heredados, y trabajan con lealtad a la sociedad no requieren ser perdonados. No reciben con regocijo el "borrón y cuenta nueva" anunciado. Ellos son los primeros indignados cuando alguien, aprovechándose de la confianza otorgada por el voto ciudadano, desvía recursos públicos o abusa del poder porque mancha la honorabilidad de la función pública.

Muchos servidores públicos están desorientados. Desde hace cuatro meses viven en la incertidumbre y zozobra. Sus próximos jefes han manifestado su desprecio por su trabajo, los identifican con una casta dorada y privilegiada y los acusan de ser parte de un modelo diabólico -neoliberal- instrumentado para afectar los intereses populares y entregar al país a las potencias extranjeras. La inquietud de su futuro tiene sustento en que ya se pasó de las palabras a los hechos y con base en documentos reciclados de gobiernos anteriores -leyes de remuneraciones y austeridad republicana- se les está castigando por haber cumplido con su deber.

La función pública requiere vocación.

El servicio en el gobierno o en cualquier otra entidad pública implica sacrificios personales. El trabajo sistemático y ordenado en el sector privado permite acumular riqueza. La entrega y lealtad a las administraciones públicas sólo paga con una pensión raquítica y un reconocimiento escamoteado. En lo público y lo privado la corrupción origina enriquecimiento "inexplicable" y, por lo que estamos oyendo, un perdón o amnistía injustificada e ilegítima.

Los leales a cumplir con su vocación en condiciones más austeras y los corruptos, perdonados, a vivir con la riqueza mal habida a sus anchas burlándose, de los que se queden en la burocracia por convicción. Algunos de los cuadros profesionalizados y técnicos, seguramente, tendrán oportunidades en el sector privado o en la academia y construirán un nuevo destino personal con base en su talento y experiencia. Todos están desorientados por el mensaje inconsistente.

Por un lado, los servidores públicos son malos por el simple hecho de su profesión y deben ser sometidos a la prueba de su auténtica vocación y deben sacrificar su ingreso y vida personal por el nuevo proyecto de nación. Por el otro, los corruptos son perdonados en abstracto. Archivo a las investigaciones de Odebrecht, el socavón, la estafa maestra o la casa blanca.

El panorama se ve complicado para un gobierno que se ha dedicado a golpear sistemáticamente a la administración pública que es el aparato que debe ayudarlo a cumplir con sus promesas de campaña. Será larga la curva de aprendizaje para un gobierno que ha anunciado en muchas dependencias y entidades que va por todos los puestos -al más puro estilo del "spoils system" de la política Tammany Hall y que ya ha pedido a través de los equipos de transición la renuncia de jefes de departamento para arriba. El escenario es indigno para un gobierno que ha ofrecido el perdón a los corruptos. La lealtad se castiga, la complicidad se premia. Extraña forma de empezar un nuevo gobierno.