Además de los programas y acciones previstas en su Plan de Trabajo Institucional, durante 2018 la Secretaría de la Función Pública (SFP) tendrá a su cargo un proceso de la más alta prioridad: la entrega-recepción de la Administración Pública Federal 2012-2018.
No se trata de un tema menor. Este proceso habrá de documentar el uso y destino que se le otorgó a los recursos públicos federales, los resultados de las políticas públicas, su grado de cumplimiento y atención a los planes estratégicos que se adoptaron durante la presente administración; así como la prospectiva, para el siguiente sexenio, de 288 dependencias y entidades del gobierno federal.
La SFP tiene la atribución —a través de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública— de normar el proceso, de acuerdo a lo conferido en el artículo 11, fracción XI de su Reglamento Interior, por lo que, para evitar la dispersión de normas que existía anteriormente, por primera vez se integró un esquema regulatorio que garantice un proceso de entrega ordenado y transparente.
Para ello, el 6 de julio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Presidencial que establece los contenidos mínimos para este proceso. Posteriormente, la Secretaría de la Función Pública emitió el 24 de julio, los Lineamientos Generales en los que se estableció el trayecto a seguir por las instituciones del gobierno federal.
Se definieron además tres etapas. Una primera, en la cual las instituciones deberán entregar al último día hábil de abril de este año, la información correspondiente a la toma de posesión del cargo del Ejecutivo federal al 31 de diciembre del quinto año de gobierno. La segunda, que básicamente es una actualización que deberá entregarse a finales de septiembre y la tercera, en la cual las instituciones actualizarán la información al 30 de noviembre de 2018, con cifras reales al 31 de agosto y estimadas del 1 de septiembre al 30 noviembre del mismo año.
La información se integra por tres elementos fundamentales: 1) el informe mediante el cual se rinde cuentas a la administración entrante, respecto de los programas, proyectos, compromisos y acciones. 2) Libros blancos y memorias documentales, cuyo objetivo es destacar las acciones gubernamentales relevantes y 3) Acta de entrega-recepción individual, a través de la cual los servidores públicos que concluyen su empleo, cargo o comisión, hacen entrega y rinden cuentas de los recursos asignados, asuntos a su cargo y estado que guardan.
Un elemento novedoso en la entrega-recepción es el diseño, por parte de la SFP, de un sistema informático para la captura de los avances generados por las instituciones, mediante el cual se podrá monitorear la información proporcionada, haciendo el proceso más confiable, oportuno y transparente. Para consulta de la ciudadanía, la información se hará pública al concluir el proceso y se integrará a las páginas electrónicas de cada dependencia o entidad.
Hoy, la agenda pública se centra en el proceso electoral 2018 y en las distintas ofertas político-partidistas. El 1 de julio la ciudadanía habrá de ejercer su derecho al sufragio, que es prerrequisito para una democracia electoral, y elegirá a quienes serán sus gobernantes. Como lo referí hace unas semanas ante medios de comunicación, la ruta crítica del proceso de entrega- recepción marcha en un camino distinto, pues la continuidad gubernamental debe ser absolutamente ajena a la lógica electoral. La siguiente administración deberá contar con información sólida, que sea un punto de partida ordenado. De esta forma, podrá destinar sus recursos y esfuerzos en la planeación de objetivos que permitan materializar el proyecto de Nación al que todas y todos aspiramos.
Secretaria de la Función Pública
