Cédula de Identidad Ciudadana, ¿qué hacer con ella?

¿Qué hacemos con la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC)? Podríamos dejarla, como hasta hoy, durmiendo el sueño de los “justos” –que en realidad sería injusto por los miles de millones de pesos gastados- o podríamos, de una vez por todas, decidir, con seriedad, ponerla en marcha o cancelarla definitivamente. Me queda claro que la determinación a tomar no es sencilla porque, entre otras cosas, su cancelación requeriría reformar varias leyes y la misma Constitución, pero su posible expedición pondría en aprietos a la muy socorrida credencial para votar. Me explico. El artículo cuarto transitorio de la reforma de 1992 a la Ley General de Población (LEGEPO) estableció que “en tanto no se expida la Cédula de Identidad Ciudadana, la Credencial [para Votar] podrá servir como medio de identificación personal.” La transitoriedad de esta medida lleva 25 años sin resolverse por lo que la credencial para votar ha hecho lazos, al parecer indisolubles, con su función de identificación, convirtiéndose lo transitorio -por vía de hecho-, en permanente y complicando la posible coexistencia de las dos credenciales. De nuevo. ¿Qué hacer?

De entrada no podemos obviar que es la propia Constitución –artículo 36- la que mandata el establecimiento del “Registro Nacional de Ciudadanos” del que deriva la obligación de generar y expedir la CIC; por lo tanto, a menos que se reforme, hay que cumplirla.

Durante muchos años el tema se quedó en el limbo y no fue sino hasta 2008 que empezaron a hacerse esfuerzos serios para cumplir con la Constitución y la LEGEPO. Todavía no arrancaba completamente esta política pública cuando ya era objeto de múltiples embates de diversos actores políticos. Por un lado, a la oposición le preocupaba que el gobierno –concretamente la SEGOB- generara y controlara una base de datos de toda la ciudadanía, pues en el mundo hay múltiples ejemplos de lo que se puede (mal) hacer con esos datos.

Por otro lado, en el IFE/INE tampoco les agradó mucho la idea y menos ahora que, a 25 años de la reforma a la LEGEPO y su transitorio, uno de los incentivos para obtener la credencial para votar es que es la cédula de identidad, por lo que la generación de una CIC podría incidir en nuestra incipiente democracia ya que la credencial para votar dejaría de ser “atractiva” al ciudadano al perder su utilidad como identificación oficial para trámites. Esto seguramente provocaría una disminución del padrón electoral y, por tanto, decrecería el número de votantes en los comicios.

A pesar de lo válido de su argumento, no podemos olvidar que los artículos 36 y el 4º constitucionales –reformado apenas en 2014- establecen que “toda persona tiene derecho a la identidad…” y que el responsable de garantizar tal derecho es el Ejecutivo Federal, no un órgano autónomo.

So pena de ser tautológico, vale la pena recordar que el origen de la credencial para votar consistía en garantizar el voto libre, único y personal, evitando las trapacerías electorales; es decir, su fin en sí mismo era de una enorme trascendencia. No estaba programada para ser carnet de identidad, aunque al paso del tiempo adquirió ese cariz adicional del que hoy parece imposible desprenderla. Para no seguir “pateando el bote”, algo hay que hacer porque seguimos sin contar con una CIC y sin definir qué sucedería, en su caso, con la credencial para votar. En palabras del Consejero Ciro Murayama, “mientras que la cédula nacional de identidad no termina de arrancar, la credencial del INE se ha consolidado en los hechos como un genuino documento de identificación ciudadana.”

Al inicio de la actual administración se señaló –en el Plan Nacional de Desarrollo- como una problemática “la inexistencia de información sistematizada, adecuada y oportuna que garantice la identidad de las personas”, por lo que implementó una serie de acciones que buscan, a través de la CURP y el Registro Civil, subsanar esta situación. Sin embargo, los resultados son poco satisfactorios a pesar de lo gastado, tal y como lo ha constatado la ASF a través de diversas auditorías.

Esto nos conduce a una interrogante: ¿pueden coexistir Cédula de Identidad y Credencial para Votar? De acuerdo con una iniciativa “la tendencia en prácticamente todos los países del mundo –y particularmente en América Latina— va en el sentido de establecer un documento único, que pueda ser utilizado a su vez como un mecanismo oficial de identificación y para ejercer el derecho a votar”.

Lo que es un hecho es que, llámese como quiera, requerimos un solo mecanismo de registro e identificación que, entre otras cosas, coadyuvaría a controlar mejor, por ejemplo, los padrones de beneficiarios de programas sociales. El Congreso y el Ejecutivo tienen la palabra.

Especialista en rendición de cuentas
y protección de datos personales.
@ atrinidadzal