La realidad no admite “otros datos”

La educación pública, gratuita, laica y obligatoria que imparte el Estado Mexicano, es un derecho de las niñas, niños y adolescentes, así como la herramienta más poderosa para transformar sus vidas y nuestra sociedad, por lo que es inconstitucional e inmoral, que se utilice como moneda de cambio para el pago de favores político-electorales.

Esta semana, tras reunirse en privado con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el presidente López Obrador publicó una carta dirigida a esta organización, en la que dice textual: “tengan la seguridad de que ahora que tenemos la responsabilidad de gobernar no vamos a retirar la mano que les tendimos cuando nos encontrábamos en la adversidad de la oposición y que no olvidaremos cuanto han aportado ustedes a la defensa de la justicia, la auténtica democracia y la dignidad”.

El documento, firmado por el titular del Ejecutivo Federal, hace un amplio reconocimiento al magisterio en general que nadie puede regatear, pero luego particulariza sobre los desacuerdos expresados por la CNTE y hace una serie de compromisos que, como en otros casos, revelan que él tiene otros datos sobre lo que realmente aprobamos en la reforma constitucional.

¿Pues no que acabaría con el influyentismo y la corrupción? ¿Por qué la CNTE y no otras organizaciones sindicales, las sociedades de padres y madres de familia, los especialistas en la materia o quienes somos representantes populares y tenemos la facultad de legislar guiándonos por principios como el de parlamento abierto y la inclusión de todos los sectores involucrados?

No obstante, el presidente ofreció a la CNTE una mesa de trabajo “para redactar de manera conjunta las leyes reglamentarias” de la nueva reforma constitucional y dió lineamientos generales.

Quizá el más importante, porque obedece a una demanda generalizada, es el relacionado con “la federalización de todas las plazas magisteriales y elaboración de un modelo de homologación salarial que tome en cuenta las distintas circunstancias laborales, regionales, sociales y culturales”.

Un ofrecimiento difícil de creer, pues la nueva reforma educativa careció de un estudio de impacto presupuestal y porque tanto el gobierno como Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, rechazaron la propuesta presentada por el PRI, para lograrlo a través de la Ley de Coordinación Fiscal.

En la misiva, los compromisos políticos del presidente se contradicen con su discurso y con la Constitución a la que juró respetar, cuando propone una instancia bilateral y paritaria para basificar a todos los maestros que trabajan en distintos regímenes y modalidades en el sistema de enseñanza pública, o cuando promete otorgar y definir “en común acuerdo” plazas a todos los egresados de las Escuelas Normales.

Al respecto, vale la pena advertir que, si bien eliminamos la permanencia vinculada a la evaluación, en el artículo 3º constitucional dejamos claro que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales deberán ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.

Levantemos la voz para exigir sí, la dignificación de la educación pública en México y con ella, mejores condiciones para las maestras y maestros, pero no permitamos que la calidad educativa sea moneda de cambio con grupo alguno, porque cuando nuestros hijos egresen de las instituciones y se enfrenten con la realidad, no podrán argumentar que “tienen otros datos”.

Maestra en Derechos Humanos.
Diputada federal Estado de México.