Fin a la mezquindad

La Constitución Política de la Ciudad de México avanza. El proyecto de resolución que presentará el ministro Javier Laynez al pleno de la Suprema Corte en los próximos días, respecto de las controversias promovidas por la PGR y la CNDH contra 66 de sus preceptos, ratifica sus mandatos fundamentales.

Reconoce que la Constitución de la Ciudad puede ampliar derechos humanos y reconocer nuevos derechos. Que no se vulneran los derechos de los padres de familia para educar a sus hijos, cuando señala que la información de planificación familiar será laica, no estereotipada, científica y diversa. Que el derecho a la muerte digna es un componente del derecho a vivir dignamente y no implica permitir la eutanasia o el suicidio asistido. Que no se fomenta la poligamia al reconocer la protección de todas las manifestaciones de convivencia familiar, y que no se vulnera la libertad religiosa y de culto.

Asume que no se violan facultades exclusivas de la Federación al establecer que los migrantes contarán con la protección y gozarán de los derechos que otorga la Ciudad, ni al ampliar la protección y promoción de los derechos de los trabajadores que laboran por cuenta propia. Que la Ciudad tiene facultades para regular el servicio de agua potable que presta, lo que implica reconocer la prohibición expresa a su privatización.

Que es válido establecer la revocación de mandato de los representantes populares en el ámbito local. Que la Ciudad puede crear nuevos órganos constitucionales autónomos. Que puede prever la creación de un parlamento metropolitano. Que es válido que un Consejo Judicial Ciudadano designe a los miembros del Consejo de la Judicatura, al tiempo que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad no pueda ser también Presidente del Consejo de la Judicatura, entre otros logros de la nueva Constitución.

Si bien declara inconstitucionales siete aspectos que considera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión o del Congreso local, por ejemplo, lo relativo a la preservación del patrimonio arqueológico o paleontológico, o el establecimiento de los tabuladores de sueldos de los funcionarios de la Ciudad y sus Alcaldías, respectivamente, lejos de frenar avances, fortalece su certeza jurídica.

Pero al mismo tiempo, la resolución pone en evidencia los prejuicios y la mala fe, si no es que la mezquindad que el Ejecutivo federal asumió al litigar contra la Constitución de la Ciudad de México, al igual que en otros asuntos de relevancia política, como sucede actualmente con la resolución del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que falló en favor de crear una comisión de la verdad para esclarecer la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

En ambos casos se denota, además de una profunda carga ideológica conservadora, carente de argumentos legales sólidos, la pretensión de frenar avances en la vida democrática del país, o eludir la aplicación de justicia ante la violación de derechos humanos por agentes e instituciones del Estado.

Ello fue una constante en el sexenio que concluye. Lo mismo en los casos de corrupción como la Casa Blanca y Odebrecht, que en la elusión de responsabilidades con las personas desaparecidas, la población desplazada o las recurrentes violaciones a los derechos humanos, de la que dan cuenta las innumerables fosas clandestinas a lo largo del país.

Todos estos casos y muchos más, toparon con un dique de complicidad e intolerancia construido desde la Presidencia de la República y de su Consejería Jurídica.

Faltan por desahogar aún otras controversias constitucionales contra la carta magna capitalina, las que deberán dirimirse antes del 17 de septiembre, como también resta poco tiempo para dar fin a la mezquindad con la que se han conducido los asuntos de la gobernabilidad, la justicia y los problemas más agobiantes en la vida cotidiana de los mexicanos.

Senador de la República