Dos casos de violencia contra mujeres nos perturbaron en las últimas semanas. El primero se refiere al de la académica María Felicia Jiménez que fue violentada por su esposo, Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex y, el segundo, al de una mujer que su identidad se mantiene reservada y quien fue golpeada y maltratada por un huésped, de nombre Octavio Cortés, en el complejo hotelero Park Life Paradox, mientras ella se desempeñaba como recepcionista.
En ambos casos prevalece la impunidad. Ambos casos reflejan la superioridad que sienten ciertos hombres ante una mujer. Se sienten intocables, poderosos, con derecho a ejercer el control sobre otra persona.
Las evidencias son irrefutables: en promedio diariamente son asesinadas 10 mujeres en nuestro país. De acuerdo con el INEGI, al menos 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia, siendo la psicológica la más recurrente con 51.6%, seguida de la sexual con 49.7% y física con 34.7%. No solo son números, son mujeres que en su mayoría sufren en silencio.
El problema está arraigado. Es una crisis pública. Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio que busca la homologación de este delito en las 32 entidades para seguir los mismos criterios de investigación y penas, las cuales podrían ir de 50 a 70 años de prisión.
Podrán surgir nuevas leyes, con penas más duras, pero no hay disposiciones que alcancen, si no existen mecanismos de denuncia eficiente y una atención adecuada de las víctimas. De acuerdo con los mismos datos del INEGI, se reciben miles de denuncias diarias al 911; sin embargo, el gobierno no cuenta con la capacidad suficiente para dar seguimiento a cada una. Incluso, estas llamadas de auxilio pueden tener, desafortunadamente, un desenlace fatal.
Dentro de una deseable atención integral, debe involucrarse también al sector privado. Es inconcebible que en el caso que hizo público el periodista Ciro Gómez Leyva, la víctima haya permanecido trabajando por lo menos dos semanas más en el hotel y su agresor siguiera hospedado en el lugar. Permaneció expuesta. Aunado a ello, un guardia de seguridad no actuó ante la brutal agresión a una mujer. Careció de protocolos.
A la falta del acompañamiento del gobierno y empresas, se sumó el escarnio que sufrieron ambas víctimas en redes sociales. La llamada misoginia estructural son ataques de castigo a mujeres que se atrevieron a levantar la voz.
Queda mucho por hacer. Se requiere del trabajo arduo del gobierno en la prevención, en un apoyo integral, con la participación del sector privado y respaldado desde la sociedad. La violencia contra las mujeres no puede quedar impune. La impunidad no sólo cobija al agresor, sino multiplica los casos.
Comentario final
Cayó el operador logístico y financiero del Cártel del Noreste, Justo Aurelio Rivera, también vinculado a la organización criminal "La Barredora”. Bien por la captura, pero faltan personas en el poder, ligadas a este cártel de Tabasco que siguen sin enfrentar la justicia. Semana cuarenta y dos: ¿Cuándo terminará la impunidad de Adán Augusto López?
Ciudadana