El auge del salario mínimo, el rezago de la productividad y la desaceleración del empleo formal

A partir de 2019, asistimos a un cambio de paradigma en el manejo de los salarios mínimos en el país. Concretamente, se dejó atrás, como principio rector de la política salarial, la idea de que los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación podían desencadenar una espiral inflacionaria, en la que los mayores salarios presionarían los precios y la elevación de estos obligaría, a su vez, a nuevos incrementos salariales para restablecer el poder de compra de los trabajadores. Asimismo, perdió vigencia la premisa de que incrementos sustanciales del salario mínimo acarrearían inevitablemente una contracción del empleo formal.

En este nuevo escenario, el salario mínimo se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la estrategia laboral de la 4T. Desde 2019, además, para la fijación del salario mínimo se establecieron dos áreas geográficas en México: la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y el resto del país. La aplicación de una política salarial diferenciada para la ZLFN respondió a la necesidad de compensar el mayor costo de vida en los municipios colindantes o cercanos a la frontera con Estados Unidos y estimular el consumo. Esta medida se acompañó de estímulos fiscales en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto sobre la Renta (ISR), orientados a promover la inversión y el crecimiento económico, así como a evitar la fuga del consumo hacia Estados Unidos.

Para dar una idea de la magnitud del viraje, según datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), en 2018 el salario mínimo vigente en todo el territorio nacional era de 88.36 pesos diarios. A partir de enero de 2026, el salario mínimo para la ZLFN es de 440.87 pesos diarios, mientras que para el resto del país es de 315.04 pesos diarios. En términos nominales, el incremento acumulado entre 2018 y 2026 asciende a 398.9 % en la ZLFN y a 256.5 % en el resto del país.

Sin embargo, para determinar cuánto aumentó efectivamente el poder de compra del salario mínimo debemos descontar el efecto de la inflación acumulada entre enero de 2018 y julio de 2026, que, según datos del INEGI, ascendió a 46.94 %. En este contexto, el poder adquisitivo del salario mínimo aumentó 239.6 % en la ZLFN y 142.6 % en el resto del país.

Por otra parte, si consideramos que una proporción importante del ingreso de los hogares de menores recursos se destina a la compra de alimentos, convendría analizar cuánto aumentaron los salarios en relación con la llamada inflación alimentaria. Entre enero de 2018 y julio de 2026, la inflación acumulada correspondiente al componente de alimentos fue de 65.62 %. De esta manera, en la carrera contra los precios de los alimentos, el poder adquisitivo del salario mínimo aumentó 201.3 % en la ZLFN y 115.3 % en el resto del país. En otras palabras, incluso tomando como referencia el componente de precios más crítico para los hogares de menores ingresos, la política salarial instrumentada desde 2019 ha generado una ganancia considerable en la capacidad para adquirir satisfactores básicos.

Lo anterior pone de manifiesto los avances de la política de recuperación del salario mínimo real impulsada desde 2019, luego de un prolongado proceso de deterioro salarial. Sin embargo, sería engañoso pensar que el salario mínimo puede seguir aumentando sostenidamente por decisión institucional a pesar de la evolución desfavorable de la productividad laboral, la cual, lejos de aumentar, ha permanecido estancada e incluso ha llegado a retroceder. De acuerdo con datos del INEGI y cálculos propios, entre 2019 y 2025, la productividad laboral, medida como la producción por trabajador ocupado durante un periodo determinado, cayó 2.8 %. El diagnóstico no cambia mucho cuando la productividad laboral se mide por hora trabajada —en lugar de hacerlo por trabajador ocupado—, pues en este caso la disminución es de 1.3 %. Estas cifras resultan preocupantes al considerar que se trata de un periodo de seis años en el que cabría esperar avances.

Si ampliamos la perspectiva mediante un comparativo internacional, el panorama resulta todavía más revelador. De acuerdo con los Indicadores del Desarrollo Mundial, entre 2019 y 2025 la productividad laboral de México, medida mediante el Producto Interno Bruto (PIB) por trabajador ocupado en dólares internacionales constantes de 2021 y ajustados mediante paridades de poder adquisitivo —para atenuar las distorsiones cambiarias— disminuyó 3.62 %. En contraste, durante el mismo periodo, la productividad laboral correspondiente al conjunto de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) creció 5.88 %, mientras que la de América Latina y el Caribe creció 2.53 %.

Esta comparación sugiere que el retroceso de la productividad laboral en México no puede simplemente atribuirse a la pandemia de COVID-19 o al entorno mundial. La crisis sanitaria constituyó un choque de carácter global, pese al cual otros grupos de países reportaron resultados notablemente superiores a los de México en materia de productividad laboral. En consecuencia, el desempeño de México en este importante renglón apunta también a la presencia de factores internos que han obstaculizado el avance de la producción por trabajador.

En suma, durante el periodo de la 4T los salarios mínimos en México han crecido sustancialmente, mientras que la productividad laboral ha retrocedido. Ahora bien, ¿puede la brecha entre ambas variables crecer indefinidamente? El INEGI, en su glosario de términos, señala lo siguiente: “La teoría económica sostiene que las remuneraciones deben reflejar la productividad laboral, de manera que lo producido en promedio por los trabajadores alcance para cubrir los costos salariales”. Dado que el salario mínimo es un componente de las remuneraciones laborales, aumentos persistentes de este por encima de la productividad tienden a elevar los costos laborales unitarios, que miden el costo laboral promedio por unidad producida.

De acuerdo con el INEGI, en el documento Índices de Productividad Laboral y del Costo Unitario de la Mano de Obra. Síntesis metodológica. Serie 2018: “Si los aumentos del costo unitario de la mano de obra se mantienen por un largo periodo, puede estar en peligro la generación de nuevos empleos e incluso la vigencia de los empleos existentes”. En este contexto, cabe preguntarse si el retroceso de la productividad laboral, frente al fuerte dinamismo de los salarios mínimos, ha desacelerado la creación de empleos formales en México. De acuerdo con estimaciones propias basadas en el número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el periodo 2019-2025 la tasa media anual de crecimiento del empleo formal fue de 1.61 %.

Ello no significa, sin embargo, que el ritmo de creación de empleos formales no se haya desacelerado. Durante el periodo 2000-2018, el empleo formal creció a una tasa media anual de 2.68 %, mientras que en el periodo 2012-2018 lo hizo a una tasa media anual de 3.93 %; es decir, más del doble de la registrada en el periodo de la 4T. Si bien el periodo de la 4T incluye los efectos de la pandemia de COVID-19, el periodo 2000-2018 también estuvo marcado por los efectos de la profunda crisis económica global de 2007-2009. Evidentemente, el problema no radica en haber incrementado los salarios mínimos per se, sino en haberlo hecho sin una estrategia igualmente efectiva para elevar la productividad laboral mediante educación, capacitación, inversión, tecnología e infraestructura.

Profesor-investigador de la UAM-Azcapotzalco e Investigador Nacional Nivel III

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