30 de agosto: una deuda que no puede esperar

El 30 de agosto no es una fecha más en el calendario. Es un día que obliga a detenernos frente a una de las tragedias más profundas que vive nuestro país y el mundo: la desaparición de personas.

En México, la dimensión de esta crisis resulta imposible de ignorar. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, más de 135 mil personas permanecen registradas como desaparecidas o no localizadas en el país. Sin embargo, la gravedad de esta realidad no puede medirse únicamente en una cifra. Cada registro representa una historia interrumpida y una familia cuya vida cambió a partir de una ausencia que no tiene explicación ni certeza.

Por eso, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas no puede reducirse a una fecha conmemorativa. Es una oportunidad para preguntarnos qué hemos hecho como sociedad frente a una crisis que lleva años creciendo y qué estamos dispuestos a hacer para transformarla.

Este 30 de agosto, las familias volvieron a ocupar calles, plazas y espacios públicos. Marcharon, levantaron fotografías, pronunciaron nombres y exigieron respuestas. Su presencia no fue solamente una expresión de inconformidad; fue también una forma de mantener vigente la memoria de quienes faltan y de recordar que sus casos no pueden quedar relegados al silencio.

Las madres buscadoras se han convertido en uno de los rostros más visibles de esta lucha, pero no están solas. También están padres, hermanas, hermanos, hijas, hijos, esposas y esposos que han tenido que reorganizar sus vidas para emprender una búsqueda que, en principio, no debería recaer sobre ellos.

Han aprendido a recorrer instituciones, revisar expedientes, exigir información y participar en procesos de búsqueda. Han creado redes de acompañamiento y han conseguido que un problema que durante mucho tiempo permaneció disperso e invisibilizado ocupe un lugar central en la agenda pública.

Ese activismo merece reconocimiento, pero también debería provocar una pregunta incómoda: ¿por qué las familias han tenido que asumir una responsabilidad que corresponde fundamentalmente al Estado?

Buscar a una persona desaparecida, investigar lo ocurrido, garantizar la protección de las familias y procurar justicia no son actos de voluntad política. Son obligaciones institucionales.

Por ello, la respuesta no puede limitarse a discursos, reuniones o conmemoraciones. México necesita instituciones con capacidades suficientes, coordinación efectiva, recursos, personal

especializado y mecanismos que permitan avanzar realmente en la localización de las personas y en el esclarecimiento de los hechos. Ello incluye, sin duda alguna, la resolución de la crisis de identificación forense de los miles de cuerpos que se encuentran en las fiscalías.

Pero también necesitamos una sociedad que no se acostumbre.

Cuando una desaparición deja de conmovernos porque se ha convertido en una cifra más, algo profundo comienza a romperse en nuestra capacidad colectiva para reconocer el dolor de los demás.

El 30 de agosto debe servir para preservar la memoria, pero también para asumir responsabilidades. Las familias no necesitan únicamente palabras de solidaridad; necesitan resultados. Necesitan verdad sobre lo ocurrido, justicia frente a los responsables y garantías para que otras familias no tengan que atravesar el mismo camino.

La memoria no puede quedar confinada a una fecha. Tiene que formar parte de nuestra conciencia colectiva y de las decisiones que tomemos como país.

Porque mientras existan personas cuyo paradero se desconoce, habrá familias esperando respuestas. Y mientras esas respuestas no lleguen, México tendrá pendiente una de sus obligaciones más elementales: garantizar que toda persona sea buscada, que toda familia sea escuchada y que ninguna desaparición quede condenada al olvido.

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