El Corruptómetro: daño billonario de la corrupción en México

Uno de los pendientes más importantes en México es la falta de una estructura anticorrupción independiente, capaz de realizar un trabajo efectivo para detectar, perseguir y sancionar la corrupción y las conductas que la configuran, así como visibilizar quiénes son las víctimas.

Hoy nuestro país cuenta con una estructura proveniente de la reforma que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción en 2015. No ha sido suficiente, sobre todo porque no ha logrado funcionar como una estructura coordinada capaz de ofrecer resultados frente a un fenómeno que opera mediante redes y que ha contribuido al florecimiento del crimen en México.

Prueba de esa ineficiencia y de la falta de resultados frente a miles de casos de corrupción de los que hoy tenemos conocimiento los mexicanos es el Corruptómetro, un esfuerzo de recopilación periodística que, durante casi cuatro años, ha dado seguimiento al dinero perdido por posibles actos de corrupción, a las autoridades involucradas y a las afectaciones provocadas en sectores esenciales. Este esfuerzo constituye también un reconocimiento al periodismo que se dedica a revisar caso por caso y a realizar una curaduría de la información con la finalidad de que la ciudadanía tome conciencia de estos hechos y de que las autoridades tengan presente su responsabilidad de investigarlos, resolverlos y recuperar el dinero perdido. Estamos lejos de ello.

Los tres casos de corrupción con mayor impacto en México

Detrás de la corrupción existe un sinnúmero de historias y un número todavía mayor de víctimas que pocas veces conocemos de cerca. Llama la atención que los tres casos con mayor impacto económico registrados por el Corruptómetro se encuentren también entre aquellos con mayor capacidad para afectar el desarrollo del país.

1. En el caso La Escuela ¿es nuestra?; desaparecen millones para planteles y suman 600 denuncias, se documenta un probable daño al erario de 89 mil millones de pesos. La Escuela es Nuestra fue un programa surgido durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con la finalidad de sustituir los alcances de las escuelas de tiempo completo y entregar los recursos directamente a las escuelas beneficiarias y a los padres de familia. Los apoyos incluían desde obras de construcción y mejoramiento hasta alimentación, con prioridad para las niñas y los niños con mayores necesidades del país. Por el monto involucrado, este se convirtió en el caso de mayor posible daño económico entre los monitoreados por el Corruptómetro.
2. El icónico caso del exgobernador de Veracruz Javier Duarte es, además, sintomático de la ocurrencia de corrupción en entidades con altos niveles de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad social. Hasta hoy se contabilizan más de 55 mil millones de pesos en recursos desviados que no llegaron a la población, con afectaciones incluso a la salud pública del estado, donde permanece la terrible historia de niños enfermos de cáncer a quienes se habría suministrado agua en lugar de quimioterapias.

Este es también un caso que durante años ha contribuido a reafirmar entre sectores de la clase política la idea de que cometer actos de corrupción puede ser un buen negocio en México. Hay que señalar, sin embargo, que recientemente el caso tuvo un revés para el exgobernador con su permanencia en prisión. Después de varios años de litigio, la Fiscalía General de la República ha logrado recuperar parte de los recursos y obtener resoluciones que han impedido, hasta ahora, su salida de prisión.

1. El tercer caso con mayor cantidad de dinero involucrado es el denominado Transa millonaria con tarjetas del bienestar: simulan que se pierden, cobran la lana y encubren el fraude, con un probable daño al erario de 50 mil millones de pesos. Se trata, según audios e información periodística, de recursos presentados como apoyos sociales que habrían sido “cobrados” y entregados directamente en efectivo para campañas electorales en 2021, relacionadas con Américo Villarreal y Rubén Rocha Moya. El caso muestra una frontera cada vez más difusa entre recursos que podrían provenir del propio gobierno y aquellos cuya procedencia podría estar relacionada incluso con el crimen organizado. En este caso, llama también la atención que, según la información disponible, estos hechos hayan sido puestos en conocimiento de la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y que, después de su salida de la institución, el asunto haya terminado prácticamente archivado, a pesar de que muchas autoridades del más alto nivel tenían conocimiento.

El costo de la corrupción para el desarrollo en México

Camino al cuarto aniversario del Corruptómetro, se han analizado 1,023 casos a lo largo de todo el periodo del proyecto. Si se consideran también aquellos casos en los que un mismo hecho involucra a más de un sector, en 222 aparecen involucrados recursos, contrataciones o funcionarios relacionados con seguridad; en 120, con obra pública; en 112, con salud; en 88, con el campo, y en 85, con educación. Es decir, la corrupción no solamente representa dinero perdido: afecta directamente sectores esenciales para el bienestar y el desarrollo del país.

Semana con semana se ha dado seguimiento a cerca de 150 entregas del Corruptómetro. El proyecto comenzó con el propósito de visibilizar los casos de corrupción en México y hoy permite dimensionar una afectación que supera el billón de pesos en posibles desvíos y daños patrimoniales. El monto acumulado registrado asciende a 1,027,953,007,707 pesos.

Más de un billón de pesos. Recursos que pudieron destinarse a seguridad, hospitales, escuelas, infraestructura, programas sociales o atención a las poblaciones más vulnerables. Por eso necesitamos hablar del costo de la corrupción no solo en términos económicos. Esto requiere dimensionar aquello que el Estado dejó de hacer y los derechos, servicios y oportunidades que dejaron de llegar a millones de personas. No olvidemos preguntarnos una y otra vez quiénes son las víctimas de la corrupción.

La propuesta para reformular el combate a la corrupción en México y “acabar con ella”, como se prometió en el sexenio anterior, sigue sin ofrecer resultados contundentes. Vemos nuevamente anunciado un paquete de reformas en materia anticorrupción para el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Espero ser solamente pesimista, pero la efectividad del combate a la corrupción no depende de nuevas reformas ni de grandes rediseños institucionales; ya sabemos que a más burocracia, menos resultados.

Revertir el hecho de que solo uno de cada tres casos reportados en el Corruptómetro haya sido denunciado y que menos del 2 % de ellos haya llegado a sentencia depende, antes que nada, de voluntad política para que la ley se aplique de manera simétrica para todos, sin importar la afiliación partidista ni qué tan alto se encuentre alguien en la cúpula del poder. Eso lo hemos visto a cuentagotas.

Necesitamos ver a las autoridades del más alto nivel informar sobre las denuncias presentadas contra servidores públicos: qué ocurrió con ellas, qué investigaciones se realizaron, quiénes fueron sancionados y cuánto dinero se recuperó o no pudo recuperarse. Desde la ciudadanía tenemos también la obligación de exigir esa rendición de cuentas.

Seguiremos denunciando.

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