Un cable contra la geografía: Grecia e Israel descubren que Türkiye no se puede borrar del Mediterráneo

A primera vista, el Great Sea Interconnector, conocido como GSI, parece uno de esos grandes proyectos de infraestructura que deberían generar pocas controversias: un cable eléctrico submarino destinado a conectar Grecia y Chipre y, posteriormente, extenderse hacia Israel. Energía, conectividad, integración regional. ¿Qué podría salir mal? La respuesta está debajo del agua.

En el Mediterráneo Oriental, incluso un cable eléctrico puede convertirse en una declaración geopolítica. Porque las rutas energéticas no solamente transportan electricidad: reconocen espacios, consolidan corredores y, en ocasiones, intentan convertir interpretaciones discutidas de las fronteras marítimas en hechos consumados. Eso es precisamente lo que Ankara observa con preocupación. El GSI ha recuperado impulso durante este mes. El 5 de agosto, el grupo francés Meridiam se convirtió en accionista mayoritario del proyecto y se firmó además un acuerdo con IPTO y Nexans para avanzar en los estudios del fondo marino. Atenas presenta la interconexión como un proyecto de importancia no solamente griega, sino europea. La Unión Europea también lo considera estratégico para terminar con el aislamiento eléctrico de Chipre y ha comprometido cientos de millones de euros para su desarrollo.

Pero el dinero europeo y la incorporación de capital francés no resuelven un problema fundamental: la geografía no desaparece porque un proyecto tenga el sello de Bruselas. Türkiye posee una de las mayores costas continentales del Mediterráneo Oriental y mantiene desde hace décadas una interpretación de las zonas marítimas diferente a la de Grecia y la administración grecochipriota. En determinados espacios, especialmente alrededor de la ruta que conectaría Creta con Chipre, las pretensiones marítimas se superponen.

Por eso Ankara no está diciendo simplemente: "no quiero un cable". Su mensaje es mucho más importante: "No pueden utilizar un proyecto de infraestructura para actuar como si una delimitación marítima que nunca hemos aceptado ya estuviera resuelta". Ahí está la diferencia. Grecia sostiene que el derecho internacional del mar permite instalar cables submarinos y que no necesita autorización turca para desarrollar el GSI. El ministro griego de Energía volvió a defender públicamente esa posición esta semana. Türkiye, por su parte, afirma que cuando se realizan estudios, levantamientos del fondo marino o actividades dentro de espacios donde Ankara reclama derechos soberanos, debe existir coordinación previa.

La posición griega tiene argumentos jurídicos que no deben ignorarse. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce libertades relacionadas con la instalación de cables submarinos. Türkiye, además, no es Estado parte de esa Convención.

Pero reducir todo el conflicto a "Grecia cumple el derecho internacional y Türkiye obstaculiza un cable" es una caricatura demasiado conveniente.

Porque una cosa es el principio general de instalación de un cable y otra es realizar estudios del lecho marino en áreas donde la delimitación de la plataforma continental continúa siendo disputada. Y, sobre todo, ninguna norma convierte automáticamente la interpretación griega de la delimitación marítima en la única jurídicamente posible. Türkiye insiste precisamente en un concepto que frecuentemente desaparece del debate: la equidad. No se trata de negar que las islas puedan generar derechos marítimos. Se trata de cuestionar que pequeñas formaciones insulares puedan recibir automáticamente un efecto que bloquee de manera desproporcionada la proyección marítima de la extensa costa anatolia.

La posición oficial turca volvió a insistir el 19 de agosto en que las medidas unilaterales no modifican su posición jurídica y que, en mares cerrados o semicerrados como el Egeo y el Mediterráneo, debe privilegiarse la cooperación entre los Estados ribereños. Ankara incluso reiteró su disposición a negociar con Atenas dentro del marco de la Declaración de Atenas de 2023. Ese elemento importa porque desmonta otra narrativa demasiado fácil: la de una Türkiye supuestamente opuesta por principio a cualquier iniciativa energética que no controle. El problema no es la electricidad. El problema es quién dibuja el mapa. Y aquí aparece Israel.

Israel, Grecia y Chipre han convertido progresivamente su relación energética en una cooperación estratégica mucho más amplia. En su cumbre trilateral de diciembre de 2025 reafirmaron expresamente su apoyo al GSI, reforzaron la cooperación en seguridad y defensa y vincularon los proyectos de conectividad con el corredor India–Middle East–Europe, el IMEC. Estados Unidos participa además en el formato energético 3+1 junto a los tres países. Es legítimo que esos Estados cooperen. Pero también es legítimo que Türkiye observe que se está construyendo una arquitectura regional en la que aparece una y otra vez el mismo eje: Grecia–administración grecochipriota–Israel, ahora respaldado por capital francés, instrumentos europeos y mecanismos de cooperación con Washington.

Decir que todo fue diseñado exclusivamente "contra Türkiye" sería simplista. Israel busca seguridad energética; Chipre quiere terminar con su aislamiento eléctrico; Grecia aspira a convertirse en puente energético hacia Europa. Sin embargo, tampoco resulta serio fingir que Türkiye no existe en esa ecuación. La verdadera paradoja del GSI es precisamente esa: se pretende construir una infraestructura destinada a unir el Mediterráneo Oriental mientras se deja fuera de la conversación a uno de sus actores geográficos y estratégicos indispensables. Y ahí Ankara tiene una ventaja que ningún documento puede borrar: Türkiye no necesita estar dentro del proyecto para estar dentro de la ecuación.

Ya ocurrió en 2024, cuando las investigaciones del buque italiano Ievoli Relume cerca de Kasos provocaron la presencia de unidades navales turcas y griegas. Aproximadamente 60% de los estudios submarinos necesarios para el proyecto se han completado; el resto se concentra precisamente en la zona políticamente más sensible. Quizá por eso el debate debería plantearse de otra manera.

En lugar de preguntar cómo construir corredores que eviten a Türkiye, Europa debería preguntarse cómo construir una arquitectura energética mediterránea en la que Türkiye también tenga incentivos para participar. Y en lugar de presentar cada objeción turca como una amenaza, habría que reconocer que décadas de delimitaciones pendientes no desaparecen simplemente colocando un cable sobre el fondo del mar. La cooperación regional no puede construirse mediante hechos consumados. Türkiye puede ser parte de la solución energética del Mediterráneo Oriental precisamente porque su posición geográfica hace prácticamente imposible construir una arquitectura regional verdaderamente sostenible ignorándola.

Un cable puede rodear territorio turco. Lo que no puede hacer es rodear indefinidamente la realidad geopolítica. Si el GSI pretende ser verdaderamente un proyecto de integración regional, ¿por qué su arquitectura continúa avanzando sin integrar a uno de los actores centrales del Mediterráneo Oriental? ¿Estamos construyendo una red eléctrica para conectar a la región o utilizando la energía para dibujar, una vez más, nuevas líneas de división?

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