La semana pasada, Ulises y Gerardo, mejor conocidos como los payasitos, cruzaron la puerta del penal de Neza Bordo y volvieron a ser libres.
Habían pasado siete años en prisión.
Siete años por una acusación que la Fiscalía nunca pudo sostener con las pruebas necesarias para demostrar su culpabilidad.
Gerardo tenía una pequeña empresa de payasos. Ulises se subía al transporte público a hacer reír a la gente a cambio de algunas monedas. Dos hombres de familia y de trabajo que un día salieron de su casa sin imaginar que pasarían los siguientes siete años tratando de demostrar algo que nunca debió haber sido su responsabilidad demostrar: que no eran culpables.
Cuando uno conoce el expediente entiende la dimensión de lo ocurrido.
La Fiscalía mostró fotografías de Ulises y Gerardo a las víctimas antes de que declararan en juicio. Después, esas mismas personas tuvieron que reconocer a quienes supuestamente habían cometido el delito. El Tribunal terminó señalando que esos reconocimientos estaban contaminados y que eso afectaba sustancialmente su valor como prueba.
¿Cómo confiar plenamente en un reconocimiento después de haberle enseñado a una víctima la fotografía de la persona que la propia autoridad ya decidió que es culpable?
Para mí esto va mucho más allá de la “duda razonable”.
Habla de una Fiscalía capaz de enamorarse de su propia hipótesis y después intentar hacer que toda la evidencia quepa dentro de ella. En lugar de permitir que las pruebas la conduzcan hacia la verdad, se construye una verdad y después se buscan pruebas para sostenerla.
Una Fiscalía no está para demostrar que tenía razón. Está para investigar.
Y cuando deja de preguntarse “¿qué pasó?” y empieza a preguntarse “¿cómo demuestro que fueron ellos?”, todos estamos en peligro.
En este caso hubo testimonios contradictorios, reconocimientos contaminados y un policía que no había presenciado los hechos. Incluso el padre de la víctima reconoció que no conocía las características de quienes habían cometido el delito y que detuvo a Ulises y Gerardo únicamente porque iban vestidos de payasos.
El Tribunal también señaló que las pruebas presentadas por la defensa habían sido analizadas buscando desacreditarlas y restarles valor, en lugar de preguntarse seriamente qué aportaban para entender lo sucedido.
Mientras todo esto ocurría dentro del expediente, afuera Ulises y Gerardo ya estaban condenados.
Sus fotografías circularon en los medios y rápidamente fueron bautizados como “los payasitos secuestradores”. La sociedad hizo lo que tantas veces hacemos: juzgó primero y preguntó después.
Para cuando pudieron defenderse frente a un juez, ya habían sido juzgados frente a millones de personas.
Desde Proyecto Inocencia, una iniciativa de Penitencia en alianza con La Cana, asumimos su defensa hace más de dos años.
Cuando supe que finalmente habían concedido el amparo liso y llano no pude contener el llanto. Fue una lucha agotadora, desesperante y, por momentos, casi imposible.
Y entonces entendí que incluso celebrar su libertad tiene algo profundamente doloroso.
Porque ¿qué celebras cuando el Estado te devuelve algo que nunca debió quitarte?
¿Cómo se reparan siete años?
No se reparan.
No existe un “disculpe usted” capaz de regresar el crecimiento de tus hijos.
Gerardo me contó después de salir que se siente raro dentro de su propia casa. Escucha cualquier ruido y tiene miedo de que vuelvan por él. Ulises tiene miedo de dormirse y abrir los ojos para descubrir que está otra vez dentro de su celda y que su casa, su familia y su libertad solamente fueron un sueño.
Eso también es una sentencia. Una que no aparece escrita en ningún expediente.
Porque siete años no son solamente 2,555 días.
Son funerales a los que no pudieron ir. Graduaciones con una silla vacía. Cumpleaños, Navidades, enfermedades, primeros días de escuela. Siete años de ver crecer a sus hijos desde una prisión.
La vida sucedió sin ellos. Y eso no hay tribunal que pueda devolverlo.
Después de siete años, la justicia llegó a una conclusión que debería hacernos mucho más que celebrar: la Fiscalía no logró demostrar su culpabilidad. Las pruebas de la acusación tenían contradicciones importantes y la versión de Ulises y Gerardo tenía elementos suficientes para sostener una explicación distinta de lo sucedido.
Había duda razonable.
Pero hay algo todavía más importante: Ulises y Gerardo nunca tuvieron que demostrar que eran inocentes.
El Estado tenía que demostrar que eran culpables.
Y no pudo hacerlo.
La presunción de inocencia no es una frase bonita escrita en nuestra Constitución. Es el muro que debería existir entre cualquier ciudadano y el enorme poder que tiene el Estado para quitarte la libertad.
Cuando ese muro se rompe, cualquiera puede caer.
Por eso el caso de los payasitos no puede terminar con una fotografía abrazando a sus familias afuera del penal. Tenemos que preguntarnos cuántos más siguen adentro.
Desde Proyecto Inocencia seguimos luchando por Cerpa, quien lleva 16 años en prisión por un delito que sostenemos que no cometió, aun cuando el verdadero responsable ha señalado que Cerpa no tuvo nada que ver.
Por Dulce, quien sostiene que ni siquiera estaba en el estado donde ocurrieron los hechos: trabajaba como policía federal en otra entidad.
Y por Santiago Noel, quien salió a cumplir con un día normal de trabajo. Su empresa lo envió a verificar un aparato de internet dentro de una casa donde, sin que él lo supiera, estaba ocurriendo un secuestro. Terminó acusado de formar parte de él.
Y por tantas otras personas que quizá nunca tendrán una cámara afuera del penal esperando su salida.
Porque demostrar tu inocencia no debería depender de que una organización encuentre tu expediente, de que tu historia se vuelva mediática ni de tener cientos de miles de pesos para pagar abogados y peritos durante años.
La justicia no puede ser un privilegio de quien puede pagarla.
Quizá somos indiferentes frente a la inocencia en prisión porque creemos que nunca nos va a pasar. Mientras el detenido tenga otro nombre, otra cara, otra colonia, es sencillo voltear hacia otro lado.
Hasta que el nombre es el tuyo.
O el de tu hijo. Tu hermano. Tu pareja.
La justicia no consiste en encontrar a alguien a quien culpar. Consiste en encontrar la verdad.
Tener a una persona inocente en prisión es una de las formas más brutales de violencia que puede ejercer el Estado. Destruye no solamente a quien está detrás de las rejas, sino a familias enteras.
Y hay algo más: cuando encarcelamos a quien no cometió el delito, quien verdaderamente lo cometió puede permanecer libre.
Por eso la inocencia en prisión no es solamente un problema de derechos humanos. Es también un problema de seguridad pública, de justicia y de todos.
Esta semana Ulises y Gerardo dormirán en sus casas.
Ojalá algún día puedan hacerlo sin miedo.
Quiero terminar reconociendo, primero, a sus familias. A quienes durante siete años no se cansaron de visitar un penal, esperar, acompañar y creerles cuando hubiera sido mucho más fácil rendirse.
También a todas las personas que forman parte de Proyecto Inocencia: al equipo de La Cana y al equipo de Penitencia. A quienes pelearon desde lo legal y desde los medios para impedir que un expediente terminara definiendo para siempre quiénes eran estos dos hombres.
Pero, sobre todo, quiero hacer un llamado a nosotros, los ciudadanos:
Que no se nos olvide.
Nos indignamos con Presunto culpable. Nos estremecimos con Duda razonable. Hablamos de investigaciones deficientes, malas prácticas de las fiscalías y personas que podían perder años de su vida por un sistema más preocupado por encontrar culpables que por encontrar la verdad.
Y después se nos olvidó.
Ojalá que esta vez no se nos olviden los payasitos.
Porque cada persona que sale de prisión después de haber sido encarcelada por un delito que no cometió representa también a todos los que todavía siguen adentro.
A Cerpa. A Dulce. A Santiago Noel. Y a tantos nombres que todavía no conocemos.
Personas esperando que alguien abra su expediente, escuche su historia y se atreva a hacerse una pregunta tan sencilla como incómoda:
¿Y si nos equivocamos?
La libertad de Ulises y Gerardo merece celebrarse. Claro que sí.
Pero, sobre todo, tiene que servirnos para recordar.
Porque un sistema de justicia que puede quitarle siete años de vida a dos personas y después devolverles su libertad con un “disculpe usted” es un sistema que no podemos permitirnos normalizar.
A Ulises y Gerardo les devolvieron la libertad.
Los siete años, nadie se los va a devolver.
Y a los que todavía siguen adentro, no podemos olvidarlos.
Presidenta de Reinserta. @saskianino
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