Ricardo Rubio Torres | 22-08-26 | 03:34 |

Detrás del discurso oficial que presume una transformación social y la protección de los más vulnerables, en México se comete un crimen cotidiano que destruye el esfuerzo de generaciones enteras ante la indiferencia y la complicidad de las autoridades: el despojo inmobiliario. Lejos de garantizar la certidumbre patrimonial, la realidad del país exhibe cómo mafias vecinales, litigantes corruptos, notarios coludidos y funcionarios judiciales arrebatan casas, predios y departamentos a plena luz del día.

Las cifras oficiales desnudan la magnitud del asalto patrimonial. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo en el primer semestre de 2026 se registraron más de 15,300 víctimas de despojo en todo el país. La Ciudad de México y el Estado de México encabezan este catálogo de impunidad, concentrando cerca del 30% de las denuncias nacionales. En la capital, con más de 2 mil denuncias semestrales “un promedio superior a 11 víctimas diarias”, la Fiscalía General de Justicia acumuló más de 25,000 carpetas de investigación en los últimos seis años; sin embargo, en ese mismo lapso reportó apenas 463 detenciones. La efectividad punitiva es prácticamente inexistente: menos del 6% de las investigaciones logran judicializarse y solo un irrisorio 2% de los inmuebles son devueltos a sus legítimos propietarios.

A este colapso en la procuración de justicia se suma una grave vulnerabilidad estructural: según el Colegio de Notarios y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el 49% de las viviendas en la capital y más de 24 millones de predios a nivel nacional carecen de escrituración formal. Ese vacío legal es aprovechado mediante juicios de usucapión fraudulentos, falsificación de folios en los Registros Públicos y violentas irrupciones físicas, afectando de manera desproporcionada a adultos mayores y familias de clase trabajadora.

La respuesta gubernamental no puede seguir limitándose a ventanillas mediáticas o paliativos administrativos que atienden a cuentagotas. Para erradicar este saqueo sistemático se requiere una solución de fondo y vinculante: primero, la tipificación y homologación federal del despojo como delito de alto impacto cuando involucre delincuencia organizada y servidores públicos; segundo, la digitalización con candados biométricos y “tecnología blockchain” en el Registro Público y Catastro para frenar la suplantación de identidades y la alteración de folios; tercero, la sanción penal inmediata y revocación de patentes a notarios y jueces partícipes de fraudes procesales; cuarto, un programa masivo y accesible de regularización y escrituración pública; y quinto eliminar de los códigos civiles la figura de “prescripción adquisitiva de mala fe” (usucapían negativa) pues dicha figura es utilizada por los “ocupas” ( bandas criminales dedicadas al despojo ) para quedarse con inmuebles por el simple paso del tiempo (10 años). Sin Estado de derecho ni seguridad jurídica sobre el hogar, el bienestar no es más que una promesa hueca.