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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, retomó este viernes el cargo después de 112 días de licencia, en medio de una investigación mexicana que no encontró elementos para procesarlo y de las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan con “Los Chapitos”.
El inicio de este caso, que cimbró la política nacional, se remonta a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, líder del Partido Sinaloense, en julio de 2024.
Rocha dejó temporalmente el cargo en mayo pasado, después de que autoridades estadounidenses lo acusaran de presuntos vínculos con “Los Chapitos”, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
El origen: la detención de “El Mayo”
El 25 de julio de 2024 ocurrió un doble acontecimiento que cambiaría la política de Sinaloa: Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras una supuesta emboscada orquestada por el segundo contra el líder de “La Mayiza”.
Ese mismo día fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), líder del Partido Sinaloense (PAS) y entonces diputado federal electo por el PRI.
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En un primer momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa sostuvo que Cuén había sido víctima de un intento de robo de su camioneta en una gasolinera. Esa versión fue desmentida por la FGR en agosto, cuando corroboró que su asesinato se dio en la misma finca donde se privó de la libertad a “El Mayo”.
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La carta que puso a Rocha en el centro del caso
El 10 de agosto de 2024, el abogado de “El Mayo” difundió una carta atribuida al capo en la que éste relató su versión de lo ocurrido antes de su detención.
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Zambada aseguró que había acudido a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Según su relato, el encuentro estaba programado para el 25 de julio en el rancho Huertos del Pedregal, en las inmediaciones de Culiacán.
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De acuerdo con esa versión, Joaquín Guzmán López habría preparado la operación para emboscar y secuestrar a Zambada y trasladarlo en avión a Estados Unidos. El capo también aseguró que Cuén fue asesinado en el mismo lugar y momento en que él fue privado de la libertad.
El gobernador negó en ese momento haber estado en la reunión o siquiera haberse enterado de la misma y sostuvo que ese día no se encontraba en Sinaloa. También fue la primera vez que rechazó cualquier vínculo con el crimen organizado.
La investigación sobre Cuén puso en entredicho al gobierno
El caso tomó un nuevo giro cuando la FGR revisó la investigación realizada por la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato de Cuén, pues detectó inconsistencias y omisiones en la carpeta de investigación.
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Finalmente, el 16 de agosto de 2024, Sara Bruna Quiñónez presentó su renuncia como fiscal general de Sinaloa. Su salida ocurrió después de las observaciones formuladas por la FGR.
La caída de la versión inicial tuvo un efecto político inmediato: el asesinato de Cuén dejó de ser visto solamente como un homicidio derivado de un supuesto robo y pasó a formar parte de una investigación federal relacionada con el secuestro de “El Mayo” Zambada.
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Estados Unidos señala al gobernador
El 29 de abril de 2026 el caso escaló a un nivel internacional. Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntos vínculos con “Los Chapitos”.
De acuerdo con la acusación estadounidense, funcionarios sinaloenses habrían colaborado con esa facción criminal a cambio de apoyo político, protección institucional y sobornos.
La investigación también señaló presuntas facilidades para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La acusación representó un cambio sustancial respecto de la controversia de 2024.
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La discusión dejó de centrarse únicamente en si Rocha había estado o no en una reunión con “El Mayo” y pasó a una cuestión mucho más amplia: si existió una relación sistemática entre integrantes del gobierno de Sinaloa y “Los Chapitos”.
En todo momento, Rubén Rocha rechazó las acusaciones y las calificó de falsas.
El 1 de mayo de 2026, apenas dos días después de que Estados Unidos hiciera públicas las acusaciones, Rocha solicitó licencia temporal para separarse de la gubernatura, con el fin de que se desarrollaran investigaciones sin que él permaneciera al frente del Ejecutivo estatal.
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El Congreso de Sinaloa aprobó la licencia y Yeraldine Bonilla Valverde asumió el cargo como gobernadora interina. Durante los siguientes 112 días, Rocha permaneció separado del cargo y compareció ante autoridades mexicanas en calidad de testigo.
México, además, recibió solicitudes relacionadas con los señalamientos estadounidenses, pero la FGR no encontró elementos suficientes para proceder penalmente contra Rocha en territorio mexicano.
La propia administración federal ha sostenido que las investigaciones continúan abiertas, aunque no se han presentado públicamente elementos que hayan derivado en un proceso penal contra el gobernador.
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Este viernes 21 de agosto, el gobernador de Sinaloa retomó sus funciones y afirmó que lo hace con “la frente limpia”, después de haber comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Apenas un día antes de su regreso, la FGR detuvo a Fausto Corrales Rodríguez, considerado una pieza clave para esclarecer qué ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando Zambada fue llevado contra su voluntad a Estados Unidos y Cuén fue asesinado.
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slr/bmc
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