Con solo cinco días de plazo improrrogable para aprobar cualquier reforma de carácter electoral que pueda aplicar en los comicios federales intermedios de junio de 2017, cuyo proceso iniciará en el mes de septiembre próximo, el Congreso sesionará en período extraordinario desde el miércoles 26 de mayo para debatir y aprobar o desechar un paquete de reformas de alto voltaje político.
Las iniciativas presentadas por la presidenta Sheinbaum y la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados tienen el potencial de zarandear los cimientos de la competencia electoral y recomponer las insuficiencias de la reforma judicial, a grado tal que quienes gustan de las figuras retóricas ya le llaman período extraordinario de tensiones al extraordinario de sesiones que viene.
Tensiones que también inquietarán en la semana cuando comparezcan la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, citados a declarar ayer por la Fiscalía General de la República (FGR).
Pero, vayámonos por partes.
De último momento y como sacada de la chistera, el líder de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, propuso una iniciativa que incorpora la intervención extranjera como causal de nulidad de una elección. Se sumaría a las tres existentes actualmente: el exceso de gastos de campaña, la compra de cobertura informativa en medios y el uso de recursos de procedencia ilícita.
La iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) especifica que se trataría de “aquellas conductas provenientes del extranjero que impliquen intervención, intromisión, financiamiento, presión, manipulación, coacción o cualquier acto que tenga por objeto influir indebidamente en la organización, desarrollo o resultados de los procesos electorales federales o locales”.
La historia muestra que México no ha sido ajeno a la injerencia extranjera en sus procesos democráticos, sobre todo la de Estados Unidos, país que lo ha hecho en ésta y diferentes latitudes, muy recientemente en las elecciones legislativas argentinas de 2025, en las que solo la intervención de Washington explica que arrasara la formación política del presidente Javier Milei.
La exposición de motivos de la iniciativa de marras recurre a otros ejemplos: el de la intervención rusa en las elecciones presidenciales de Ucrania en 2004 que se anularon precisamente por esa causal; y el de “la injerencia extranjera mediante una operación vinculada a redes de desinformación digital y financiamiento opaco” en las también presidenciales de Rumania en 2024, anuladas por el Tribunal Constitucional de ese país.
De hecho, casi todos los gobiernos democráticos europeos tienen entre sus causales de nulidad electoral el de la intervención extranjera, pero centrada sobre todo en el espionaje.
¿Cómo se tipificaría y probaría en México? Es una ambigüedad que podría abrir peligrosas puertas, opinan especialistas en materia electoral.
El expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, comparte la opinión de que la iniciativa se plantea por el temor de que Trump intervenga en las próximas elecciones del país con su reiterado discurso de que México es gobernado por narcos. Sin embargo, al igual que el exsubsecretario de Gobernación, Jorge Alcocer Villanueva, bien podría tratarse de un recurso más para que, ante señalamientos de esa naturaleza, Morena gane en tribunales lo que pierda en las urnas o, dicho de otra forma, para perpetuarse en el poder.
Otra de las iniciativas que va al período extraordinario de sesiones es la que pasa de 2027 a 2028 la segunda parte de la elección vía voto popular de jueces y magistrados, y que -según comentamos aquí en la entrega pasada- pretende enmendar los fallos emergidos en un año de vigencia de la reforma judicial.
Esa iniciativa plantea recuperar, ahora con dos secciones, las dos salas eliminadas que descargaban la saturación de casos en el pleno de la Corte; endurecer los mecanismos de evaluación y selección de los perfiles de candidatos a posiciones jurisdiccionales; y simplificar la elección, ya sin acordeones.
Lo que no subsana -y ahí está lo explosivo de este tema- es la contradicción existente dentro de la Constitución respecto a la forma de elegir al presidente del máximo tribunal: rotación cada dos años conforme al número de votos obtenidos o elección cada cuatro años por el pleno de ministras y ministros.
La tercera iniciativa es la que propone crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidatos para evitar la postulación de personas ligadas a grupos delictivos. Se trata de una respuesta a las escandalosas acusaciones de complicidad criminal y electoral con el narcotráfico fincadas por una corte de Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la detención en Morelos por esos mismos delitos del presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y el ex munícipe de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, como parte de la Operación Enjambre.
La comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales elegidos y votados por un período de tres años por el consejo general del INE que tendrían acceso directo a la información de instancias como Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la FGR, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Pero al conocer los detalles de la propuesta, se debilita el objetivo al tratarse de una medida de carácter estrictamente voluntario que deja en manos de los partidos políticos el someter a dicha comisión sus listas de candidatos, en lugar de dotarla de dientes.
En este sentido el PAN propone que al partido que se le demuestren vínculos con la delincuencia organizada, se le retire el registro.
Instantáneas:
1. CITAN A MARU Y A ROCHA. La FGR citó ayer a declarar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria chihuahuense deberá comparecer el próximo miércoles 27 de mayo en calidad de testigo por el operativo del 17 y 18 de abril pasados en la Sierra Tarahumara y en el que participaron sin autorización federal dos agentes estadounidenses, presumiblemente de la CIA, que resultaron muertos al desbarrancarse. El sinaloense, a su vez, declarará en fecha no precisada por el comunicado de la FGR, sobre las acusaciones de narcotráfico que le fincó la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Una respuesta inicial de la gobernadora Campos fue que se le perseguía por ser de oposición y se le citaba sin considerar el fuero constitucional que la ampara. No es el caso, pues se le cita como testigo y, en esa condición, no se viola su fuero. Aunque debe aclararse quién autorizó la participación de la CIA en el operativo de la Tarahumara, no parece haber elementos que involucren directamente a Maru Campos y este proceder contra ella -como en el desafuero de AMLO en 2005- la victimiza y potencia como figura política nacional. En cuanto al sinaloense Rocha Moya -éste con indicios más sólidos de su presunta responsabilidad- acudirá a la FGR sin fuero, puesto que lo perdió al solicitar licencia. Temas éstos que se suman al periodo extraordinario de tensiones de esta semana.
2. REVÉS A BATRES. Ante el rotundo rechazo de ocho de los nueve ministros y ministras que integran el pleno de la Corte para que el máximo tribunal atraiga revisiones fiscales, no le quedó otra a Lenia Batres, la autodenominada “ministra del pueblo”, que retirar su alevosa solicitud, aunque su ponencia alegó que el desistimiento se debió a que las peticiones de revisión no cumplían con los requisitos procesales necesarios. La propuesta retirada consistía en que la Corte ejerciera su facultad de atracción para revisar seis recursos promovidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) tras las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que anularon créditos fiscales por 232.7 millones de pesos.
3. NO DEN LA ESPALDA A LA PAZ. El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Víctimas de la Violencia “Minerva Bello”, hizo un llamado a los presidentes municipales guerrerenses que se retiraron de las mesas de Construcción de Paz para que reconsideren su decisión y con su participación fortalezcan los mecanismos de coordinación que privilegian el diálogo y los comprometen con las comunidades. A través de un comunicado destacó que comparten su preocupación por la insuficiencia de las respuestas institucionales y por la urgencia de acciones concretas, pero señala que abandonar espacios de coordinación y diálogo no abonan a la solución que espera la población ante la crisis de violencia e inseguridad que enfrentan sus comunidades.
4. NO QUITA EL DEDO DEL RENGLÓN. Y ya que andamos en Guerrero, el que no quita el dedo del renglón para ser candidato de Morena al gobierno de ese estado, pese a la cláusula contra el nepotismo del partido guinda, es el senador Félix Salgado Macedonio. Ayer declaró una vez más que le asiste el derecho, le asiste la razón y le asiste la Constitución. “No hay ley que me lo impida”, dijo tajante.
5. CTM: ASOMA LA CABEZA. Quien sigue muy activo a unos meses de haber asumido la secretaría general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) es Tereso Medina. Este mes de mayo ha sido orador en el evento conmemorativo del Día del Trabajo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Después logró un acuerdo con la CONSAR para localizar a los titulares de 17 millones de cuentas que no han sido reclamadas y esta semana se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para dialogar sobre las negociaciones del TMEC. Al parecer la CTM comienza a recobrar los espacios que otros aprovecharon durante los últimos años.
6. VIOLENCIA EN JUCHITÁN. Esto dicen las cifras oficiales de la Fiscalía General de Oaxaca: entre el 15 de abril y el 22 de mayo pasados se redujeron 69 por ciento los homicidios dolosos en este municipio sacudido por la violencia generada por bandas del crimen organizado. El resultado lo atribuye a la coordinación entre instancias locales, estatales y federales que asimismo logró reducir 46 por ciento los delitos de alto impacto.
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