Las mujeres que denuncian violencia en México siguen enfrentando procesos muy difíciles, mientras sus agresores gozan de libertad. Las acusaciones de violencia intrafamiliar contra el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, vuelven a poner sobre la mesa la discusión urgente sobre los obstáculos que aún existen para garantizar justicia y protección efectiva.
Segun el Inegi, más del 70 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha vivido al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual o económica a lo largo de su vida.
Hay que entender que la violencia familiar no se limita a los golpes. Puede manifestarse mediante lesiones físicas, pero también los insultos, amenazas o humillaciones son violencia. El tan habitual abandono; la destrucción de bienes y documentos; las agresiones sexuales, o las decisiones impuestas sobre los derechos reproductivos son violencia.
Aún cuando se trata de un delito, está tan normalizado que muchas víctimas no saben siquiera que pueden denunciar. Está además el miedo a ser juzgadas, a perder a los hijos o a enfrentar represalias. Por eso son tan pocas las acusaciones formales ante la autoridad. Lo peor, es que las pocas que se atreven a presentar cargos, se topan con un sistema de justicia indolente e ineficiente que solo las revictimiza.
El caso del exdirector de Pemex alcanzó una gran notoriedad porque fue exhibido golpeando a su esposa y por tratarse de un integrante del gabinete federal. Su esposa lo grabó agrediéndola, difundió las imágenes y presentó la denuncia. Los abusos verbales y físicos empezaron desde 2022. Hubo cachetadas, empujones, lesiones y hasta un bolígrafo clavado en la mano.
Luego de hacer pública la grabación, María Felicia Jiménez solicitó protección para ella y sus hijos y responsabilizó a Rodríguez Padilla de cualquier cosa que pudiera ocurrirles. La presidenta Sheinbaum pidió que se aplicara la ley y sostuvo que su gobierno no protegería a ninguna persona involucrada en un acto de violencia contra las mujeres.
Rodríguez Padilla fue detenido el 7 de julio y vinculado a proceso. Parecía un triunfo en el camino a la erradicación de la violencia de género, pero el funcionario solo estuvo en prisión una semana. Hubo un cambio en la medida cautelar porque la víctima decidió no continuar con el procedimiento y le otorgó el perdón.
Es muy importante destacar que María Felicia Jiménez había explicado que denunciar podía dejarla sin trabajo, sin ingresos, sin casa y expuesta a perder a su hijo. Luego de llegar al acuerdo aclaró que no perdonó las agresiones, sino que aceptó una reconciliación familiar por el bienestar emocional de su hijo.
Su situación mostró que denunciar a una persona poderosa representa en México exponerse a represalias y a quedar en el desamparo económico. El proceso suele convertirse en un recorrido burocrático muy costoso. Pocas mujeres pueden conseguir un abogado, reunir pruebas y acudir a diligencias. Ante la falta de respaldo institucional, la única vía termina siendo desistirse de la acusación.
Por eso la autoridad debe facilitar los procedimientos y ofrecer protección real a las víctimas. Mientras eso no suceda, seguirán expuestas a los golpes en casa y a la revictimización afuera.
@PaolaRojas
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