El INE también debe rendir cuentas

Julieta del Río

El Instituto Nacional Electoral no es propiedad de sus consejeros, es de los ciudadanos; y precisamente por eso preocupa que, a unos meses de una elección de enorme relevancia, algunas decisiones del propio Instituto estén generando más dudas que certezas.

Las llamadas “boletas planchadas” son el ejemplo más reciente, pero vale la pena hacer memoria. En la primera elección judicial de nuestro país, realizada el año pasado, miles de boletas bajo esta modalidad fueron objeto de controversia y llegaron hasta el Tribunal Electoral. Ese antecedente existe y no puede ignorarse.

Ahora la discusión vuelve a aparecer. Por eso genera dudas que se plantee nuevamente la posibilidad de recibirlas extendidas.

El INE ha explicado que esas boletas no serán automáticamente consideradas válidas ni desechadas, sino que su valoración quedará a criterio de los consejos distritales. Y precisamente ahí surge otra pregunta: ¿por qué modificar o flexibilizar criterios en un tema que puede tener consecuencias directas sobre la certeza de una elección?

La propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuestionó públicamente el asunto y pidió al INE explicar qué cambió y por qué. También ha cuestionado otros aspectos, como el cambio de color en las boletas y el incremento presupuestal solicitado por el Instituto.

Pero los cuestionamientos merecen respuesta independientemente de quién los formule. La autonomía del INE frente al poder político debe defenderse, pero esa autonomía no significa que sus decisiones estén exentas del escrutinio público.

Quienes durante años, desde la oposición, defendieron que determinadas decisiones del poder debían ser vigiladas y cuestionadas, hoy tienen frente a sí una institución cuyas decisiones también deben someterse al escrutinio público.

Las reglas democráticas no pueden depender de quién está en el gobierno y quién está en la oposición.

A esto se suma un nuevo elemento. El periódico El Universal publicó un reportaje de investigación en el que señala que el Instituto Nacional Electoral pagó 6 millones 279 mil pesos por honorarios de ocho personas cuyos servicios no pudieron ser acreditados mediante los informes correspondientes ante el Órgano Interno de Control. De acuerdo con el reportaje, los pagos se realizaron entre enero de 2023 y septiembre de 2025, sin que el INE acreditara los trabajos efectivamente realizados.

La información resulta especialmente relevante porque surge pocos días después de que el propio Instituto fuera cuestionado por el incremento presupuestal que ha solicitado.

Por supuesto que organizar una elección nacional cuesta. Nadie puede pretender que una elección se realice sin recursos. Pero eso tampoco significa que cada incremento presupuestal deba darse por sentado. Por lo pronto, estas observaciones deben ser esclarecidas y, si existen responsabilidades, determinarse con absoluta claridad. La investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias, por el bien de la democracia en este país.

El recurso público del INE no es dinero de sus consejeros. Es dinero de los ciudadanos. Y por eso deben explicarse con absoluta transparencia las decisiones administrativas, presupuestales y de personal que se toman dentro del Instituto.

No olvidemos que incluso desde el propio Consejo General surgen cuestionamientos sobre determinadas decisiones y advertencias sobre el riesgo de que el Instituto termine siendo escenario de una elección cuestionada. Cuando las diferencias se acumulan dentro de una institución encargada de generar certeza, la preocupación aumenta.

Una institución fuerte no es aquella en la que nadie puede cuestionar a sus integrantes. Es aquella en la que existen contrapesos, deliberación, transparencia y rendición de cuentas.

La ciudadanía tiene derecho a preguntar, a cuestionar y a exigir explicaciones. Porque cuando hablamos del árbitro electoral, las dudas sobre su imparcialidad y los señalamientos sobre posibles irregularidades administrativas al interior del Instituto son alertas que deben atenderse y esclarecerse.

El INE no solamente tiene que organizar elecciones. Tiene que generar certeza, confianza e imparcialidad.

Y, sobre todo, tiene que entender que su legitimidad no proviene de sus consejeros. Proviene de la confianza de los ciudadanos.

No porque el INE no pueda cambiar reglas. No porque no pueda tomar decisiones. No porque sus consejeros no tengan atribuciones.

Sino porque, cuando se acumulan cuestionamientos sobre decisiones polémicas, diferencias al interior del propio Instituto, cambios que no se explican suficientemente y una solicitud presupuestal que genera dudas, el resultado puede ser uno muy peligroso: que aumente la desconfianza sobre el árbitro electoral.

Autónomo no significa estar exento de controles.

Al INE hay que defenderlo cuando se pretende debilitarlo. Pero también hay que preguntarnos: ¿qué vamos a hacer como sociedad? Vigilar, cuestionar y denunciar cuando sus propias decisiones pongan en riesgo la confianza ciudadana.

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